Para alguien como Víctor Castro Cosió, que ha sido considerado un férreo defensor de las causas justas, sin duda alguna que los problemas derivados de la aplicación y procuración de justicia que se registran en Baja California Sur, los hacen suyos, le atañen, le duelen.

De eso estoy seguro, porque lo conozco muy bien desde hace más de 50 años.

Luego entonces, creo que el ahora gobernador debe estar preocupado cuando sabe que tras casi un año de esperar sentada en el pórtico, en el hogar de una dama de Los Cabos, que se llama Ana Georgina Roldan Aviña, la justicia aún no ha tocado las puertas.

Por eso me atrevo a decir que, flaco favor le están haciendo al gobernante algunos grupos, como ese incrustado en la XVI legislatura, acorazado por el fuero demoniaco, que en lugar de ayudarlo a cumplir su encomienda a fin de que los responsables de aplicar justicia hagan el trabajo que les corresponde, más bien con su actuación omisa y silenciosa, le ponen trabas.

Claro que en la entrega de hoy hago referencia al diputado Juan Pérez Cayetano quien desde octubre de 2021 enfrenta una denuncia de acoso sexual interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia por la ex regidora de Los Cabos, Ana Georgina Roldan Aviña.

Cuya denuncia fue radicada ante la Procuraduría de Justicia el 15 de octubre, y quedó registrada bajo el número de expediente LPZ/6406/2021/NUC.

Pero por desgracia, la justicia, en su intento de entrar al Congreso del estado, se ha topado con un muro de piedra, tras el cual se escuda el perverso fuero de la ignominia.

Y en este espacio debo dejar en claro que desde jueves 5 de mayo se recibió la solicitud que fue enviada por la Procuraduría General de Justicia donde solicitan desaforar al diputado Juan Pérez Cayetano, sobre el que pesa la grave acusación por abuso sexual, y de esta manera seguirle el juicio como a cualquier ciudadano.

Se advierte entonces aquí, obstaculización de la justicia, lo que contradice a las intenciones del gobernador Víctor Castro Cosió, respecto a lo que todo ciudadano tiene derecho, es decir a que se le administre justicia por tribunales que serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Y es penoso saber que el tiempo ha transcurrido y hasta hoy, luego de que el congreso integró una Comisión Instructora para el juicio de procedencia y que además contrató un abogado penalista por un costo de 100 mil pesos, al parecer se les ha hecho bola el engrudo, metiéndose a un oscuro y profundo laberinto del cual no pueden salir.

Es decir, en estos casos los cánones indican que el Congreso del Estado debe dar paso a lo que es un juicio de procedencia para separar del cargo al legislador y tras ello pueda hacer frente a la grave acusación que se le hace, y para tal efecto, se tendrá que reunir la comisión de procedencia integrada por tres diputados.

Sin embargo en la sesión ordinaria del martes 13 de septiembre, la representante de la fracción del Partido Acción Nacional diputada Blanca Belia Márquez Espinosa también integrante de la Comisión Instructora de declaración de procedencia en contra del diputado Juan Pérez Cayetano, dio a conocer su renuncia a dicha comisión, lamentando desde tribuna la dilación del proceso del acuerdo de declaratoria de procedencia.

Y si bien es cierto dejó en claro que no considera que las y los integrantes de la comisión actúen de mala fe, si consideró que se han dado tácticas dilatorias que implican desde falta de notificaciones y cambios repentinos de estrategias jurídicas, hasta cambios de las decisiones, lo que le hace dudar si existen o no intereses políticos.

Opinó sin embargo que su lucha a favor de las mujeres no se verá mermada, “por el contrario, ofrezco el apoyo y la asesoría jurídica de mi equipo y el de la fracción parlamentaria del PAN en pro de la causa de la denunciante a fin de que se esclarezcan los hechos y en su caso se sancione a los culpables”, enfatizó en esa ocasión externando sus deseos de que las cosas se hagan conforme a derecho.

Lamentablemente hoy por hoy se corre la versión de que diputado Juan Pérez Cayetano quien enfrenta la denuncia de acoso sexual podría enfrentar la justicia hasta que deje el cargo, para lo cual deberán transcurrir 2 años más.

Por todo lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra atada de manos, aun cuando esta instancia ya cumplió su parte al integrar la carpeta de investigación correspondiente, e incluso ya solicitó el juicio de procedencia al Congreso del Estado, considerado como un requisito indispensable para proceder penalmente contra una persona que goza de fuero como es el caso.

Lo cierto de todo es que no es la primera ocasión en que la justicia intenta pasar ese búnker construido en el Congreso del estado.

No. Porque ya ocurrió en la XV legislatura, cuando una servidora pública irrumpió en la sesión pública ordinaria en el Congreso del Estado, subió al estrado, tomó el micrófono y señaló a Esteban Ojeda Ramírez, entonces diputado y lo acusó de violador y de hostigar a varias mujeres que brindan servicios en diferentes áreas de educación básica en la capital del estado.

Esa vez, el diputado solo se limitó a escuchar desde su asiento las acusaciones en su contra, donde, de acuerdo con la supervisora de la Secretaria de Educación, Esteban Ojeda le propuso sostener relaciones sexuales a decenas de intendentes, maestras, coordinadoras de zona escolar y secretarias de las áreas administrativas de primarias y secundarias, a cambio de una base definitiva en la Secretaría de Educación Pública.

Luego entonces habríamos de afirmar que sobre estas cosas que oscilan entre el erotismo y el fuero, no hay nada nuevo bajo los cielos sudcalifornianos.

De ninguna manera, pues hechos similares allí permanecen enterrados y cubiertos por el fuero satánico que hace arder los infiernos en la tierra.

Cuestión de tiempo.