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Hoy es domingo, 24 de noviembre de 2024

Casi 50 casos de anomalías se registraron en 2021 en la administración pública de BCS: INEGI

• Hubo 10 servidores públicos sancionados por faltas administrativas

Casi 50 casos de anomalías se registraron en 2021 en la administración pública de BCS: INEGI

San José del Cabo, Baja California Sur.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022, durante el 2021 aumentaron hasta en un 374.8% el número de denuncias contra servidoras y servidores públicos, en Baja California Sur (BCS), se registran 49 anomalías y observaciones a funcionarios.


Los datos revelaron que el año pasado, las instituciones de las administraciones públicas estatales recibieron 42 mil 309 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de sus servidoras o servidores públicos, lo cual representó un aumento de 8.1% en comparación a 2020.

 

Derivado de las auditorías aplicadas, 3 947 unidades administrativas presentaron observaciones y/o anomalías. Esto representó un aumento de 12.1 % respecto a la cifra reportada en 2020. Estado de México fue la entidad que concentró la mayor cantidad de unidades que presentaron observaciones y/o anomalías, Durango, Sonora y  Campeche fueron las de mayor porcentaje y, como antes se mencionó, en Baja California Sur se registraron al menos 49 casos. 

 

En el mismo estudio destacó que  Hidalgo, Estado de México y Michoacán fueron las entidades federativas que presentaron la mayor cantidad de servidoras y servidores públicos de las instituciones de las administraciones públicas sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas, en BCS hubo 10 sancionados 

 

Y finalmente, las entidades con mayor cantidad de servidoras y servidores públicos denunciados por la presunta comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones fueron: Jalisco con 909, Veracruz con 251 y Ciudad de México con 66. BCS registró dos denuncias. 

 

El Censo tiene como objetivo  vincular con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.