Baja California Sur como cualquier entidad en desarrollo requiere que se actualice el marco normativo de diversas actividades que respondan a las necesidades actuales de la población.

Entre estas actividades que exigen una atención desde el ámbito legislativo son el transporte y los procesos electorales.

Al respecto los legisladores han tomado manos a la obra por lo pronto en lo referente a la actualización de la ley estatal electoral que requiere ajustes que respondan en esta materia a las necesidades de la comunidad sudcaliforniana.

Evitar los vacíos y ambigüedades que puedan generar dudas en los procesos electorales y sobre todo en los resultados es parte de lo que una ley electoral debe responder.

Por lo pronto ya se ha publicado la convocatoria para trabajar en una nueva ley estatal electoral, tema que quedó en el tintero de los pendientes de la pasada legislatura.

Para el proceso electoral que se realizará en la entidad en el 2024, la media península se espera que ya cuente con una nueva legislación electoral que responda a las nuevas exigencias que en esta materia tiene la ciudadanía.

Por otro lado, en lo que se refiere a la ley estatal de transporte y movilidad se requiere trabajar literalmente de inmediato.

Las necesidades en esta materia son cada día más evidentes y por ello las autoridades en coordinación con el poder legislativo tendrán que apurar a establecer una nueva ley que atienda esas necesidades.

Certeza e inclusión de todos los involucrados en el sector transporte, así como el mejoramiento de las condiciones de movilidad ciudadana son ahora en verdad una prioridad.

Sobre todo, en los municipios como La Paz y Los cabos donde este tema cada día es más sensible.

Por ello vale la pena resaltar la atención que brindan a este tema las autoridades estatales en coordinación con las municipales, sobre todo de Los Cabos donde la regulación de la movilidad y el transporte son una prioridad.

Así que la labor que en este sentido realiza el secretario general de gobierno Homero Davis en coordinación con el alcalde cabeño Oscar Leggs y otras instancias de gobierno, es una muestra de que más allá de cualquier especulación política, se puede trabajar en conjunto por la comunidad.

El transporte y la movilidad bien regulada, no solo puede ser un servicio de altura para la ciudadanía sino incluso un buen negocio en donde todos los sectores resulten beneficiados.

Pero para ello se requiere una regulación adecuada que evite la discriminación de algunos y las preferencias de otros.

Está claro que el trabajo político de fondo se tendrá que centrar en evitar que los intereses de grupo puedan afectar la imagen de la entidad de la que en gran medida depende la economía local.

Esperemos que en efecto se llegue a buenos acuerdos y que al mismo tiempo los legisladores locales tomen cartas en el asunto y que antes de que concluya este año se pueda contar con una nueva ley de transporte y movilidad que atienda las necesidades actuales de la población.

Que prevalezca el interés común y que por el bien de la entidad tanto en la parte electoral como en la del transporte y movilidad podamos contar en breve con instrumentos legales modernos y actualizados que brinden certeza y tranquilidad a todos.

Que así sea.

Ya veremos qué sucede.