El pasado viernes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Baja California Sur, fue señalado como represor de comunicadores y de atentar contra la libertad de expresión mediante supuestas demandas a periodistas. Por supuesto estas expresiones son falsas.

Externadas en la conferencia mañanera por un presunto comunicador que no pertenece al gremio periodístico sudcaliforniano, resulta relativamente fácil hacer este tipo de afirmaciones para friccionar a una autoridad como el gobierno estatal con la sociedad sudcaliforniana.

Obviamente habrá que establece con claridad desde dónde pueden surgir manifestaciones de esta naturaleza evidentemente infundadas y que el gremio periodístico en general no comparte.

Cuál es el trasfondo de expresiones de esta naturaleza que no solo no tienen fundamento real, sino que buscan sacudir a un gobierno estatal que en efecto mantiene una nueva política de comunicación social, pero en donde hasta ahora, el trato ha sido fundamentalmente respetuoso.

Tener diferencias es parte del ejercicio de la democracia mediática, pero de ello a que exista represión periodística es muy diferente.

En ese sentido Baja California Sur, se ha distinguido históricamente por contar con gobiernos estatales que han mantenido una relación atenta y respetuosa con los representantes de los medios de comunicación.

Muchas ocasiones se han registrado diferencias en puntos de vista o en la forma en que se abordan algunos temas, pero de que ello sea considerado como represivo o que se intente frenar la libertad de expresarse, es otra cosa. Simplemente no existe tal condición.

La tolerancia y el respeto a prevalecido.

Podremos estar de acuerdo o no con una política de comunicación, sea del nivel de gobierno que sea, pero comparar ello con represión o atentados contra la libertad de expresión, simplemente está fuera de lugar.

La administración que encabeza el gobernador Víctor Castro y que precisamente este fin de semana cumplió apenas diez meses de su mandato, ha establecido una política de comunicación social, diferente tal vez a la de otras administraciones, pero en donde la libertad de expresarse no ha sido condición alguna para desarrollar el trabajo periodístico.

El gremio en general lo sabe.

Insistimos, se podrá estar de acuerdo o no con una política determinada de relación con los comunicadores, pero esto no quiere decir que existan acciones represivas o de interposición de demandas judiciales por ejercer la libre expresión.

Por supuesto que valdrá mucho la pena establecer quiénes están detrás de estas acusaciones carentes de verdad y si provienen de integrantes del gremio de comunicadores que no es la primera vez que presentan algún tipo de conflicto con la autoridad sea del nivel que sea.

A dos meses de cumplir su primer año de gobierno, el mandatario estatal Víctor Castro Cosío, se perfila hacia la conformación de un trabajo cuyo balance hasta ahora está en el terreno de lo positivo.

Obviamente aún falta el reto de evaluar a su equipo y definir si algunos se van o se quedan con el fuerte compromiso de mantener la unidad de su equipo político y de responder al mismo tiempo a las expectativas generadas a la comunidad.

En ese compromiso social está también implícito la relación con los medios de comunicación y sus representantes, que son finalmente quienes fungen como enlace directo entre las autoridades y la comunidad.

Ya veremos que sucede en las próximas semanas.