El asunto de la trasparencia administrativa y del manejo adecuado de los recursos públicos, es definitivamente el tema que está presente en los tres niveles de gobierno y siempre se espera que se aplique legalmente a todos quienes se dediquen a la función pública y que son los llamados “sujetos obligados”.

En Baja California Sur actualmente hay esfuerzos concretos desde el gobierno estatal y del poder legislativo, para aplicar estas medidas que consoliden las acciones de trasparencia administrativa.

Urge que las áreas administrativas puedan transparentar cada vez más su manera de ejercer los recursos y que la población pueda obtener esa información lo más rápido y efectivamente posible.

La duda de la población sobre el manejo de recursos en anteriores administraciones estatales y municipales como es el caso de la ex alcaldesa y ex diputada federal Esthela Ponce Beltrán, quien aún no termina de demostrar su inocencia en la acusación que existe en su contra por manejo inadecuado de recursos públicos durante el tiempo en que fue presidenta municipal de La Paz.

Hoy existen las condiciones políticas justamente para establecer medidas de esta naturaleza que fortalezcan la confianza de la población en sus gobernantes para que durante y después de su gestión, puedan caminar con la frente en alto y no andar “a salto de mata” como aún se observa a varios exfuncionarios.

Y evitar por supuesto que la desmemoria social aparezca y personalidades como Ponce Beltrán salgan otra vez a la actividad pública a mandar mensajes de participación política cuando aún hay cuentas pendientes con la justicia, como es el caso del amparo 299/221 promovido por Esthela Ponce cuyo acto reclamado es el auto de vinculación a proceso.

El recurso público debe manejarse con transparencia y claridad tal como se ha exigido históricamente para evitar el dispendio y los derroches que en administraciones pasadas tanto en el gobierno federal, como los estatales y municipales se hacía.

No es posible, por ejemplo, que exista la duda pública sobre el presunto desvío de más de mil 400 millones de pesos de la administración municipal de La Paz (2011-2015) que encabezó la ahora ex diputada federal Esthela Ponce Beltrán y una serie de ex funcionarios que hasta ahora no han dado a conocer su defensa formal ante semejante acusación.

Todo debe ser transparentemente aclarado.

Por ello resulta de vital importancia que desde el poder legislativo, ejecutivo y judicial no se deje de trabajar al respecto para establecer el marco jurídico adecuado.

Obviamente se espera que se ponga sobre la mesa de análisis, una vez más, el tema legal aún pendiente con autoridades federales que sostiene la exalcaldesa paceña antes de que se ondeen banderas políticas sin tomar en cuenta estos antecedentes.

Actuar con legalidad y transparencia no solo es una exigencia histórica de la ciudadanía, sino porque ello obligará más temprano que tarde, a contar con servidores públicos más honestos, eficientes y competitivos.

¿No le parece así amable lector?