La Paz, Baja California Sur.- Sin llegar a la violencia como en asambleas previas, el Ejido Todos Santos votó por la “no remoción” de los miembros del Comisariado Ejidal, órgano colegiado que ejecuta los acuerdos de su asamblea y tiene una presidenta, una secretaria y una tesorera.

La Procuraduría Agraria (PA) convocó y declaró procedente, con la presencia de 140 ejidatarios, llevar a cabo una asamblea para su remoción el pasado domingo 3 de julio. Esta fue solicitada por un grupo de cerca de 30 ejidatarios opositores, para removerlas de su cargo y sustituirlas, lo que no prosperó.

La asamblea ejidal impidió con 90 votos a favor y 30 en contra, la remoción, con todo y suplentes, de la presidenta, a María Eugenia Martínez Villalobos; de la secretaria, María del Socorro Navarro Orozco; de la tesorera Lorena Guadalupe Orozco Domínguez; así como del Consejo de Vigilancia presidido por Francisco Javier Lucero Villalobos.

El visitador Ezequiel Lopez Castro, comisionado de la PA por el representante en BCS, Víctor Manuel Estrella Valenzuela, condujo la sesión, luego de convencer a los ejidatarios de ingresar a la Casa Ejidal, que a las 10:30 de la mañana se encontraba bajo llave y sin intenciones de ser abierta.

En primera instancia, los integrantes del Comisariado Ejidal recalcaron que esta era una sesión convocada de manera “ilegal” por no haber “notificado” legalmente a todos los involucrados y se negaban a prestar el lugar para la sesión.

Roberto Duarte Gómez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó de un operativo con elementos y patrullas de la Guardia Nacional, así como rondines de la Policía Municipal, para evitar el uso de la violencia y proteger a los servidores públicos.

Ingresaron los ejidatarios, en su mayoría personas adultas mayores, de la mediana edad y algunas pocas jóvenes; también hubo que sacar el mobiliario de la casa ejidal para poder sentar a las personas que ahí estaban para la asamblea.

Al momento de su realización, los ejidatarios opositores como Ricardo Torres Díaz, Sara de Fátima Ortiz Salvatierra y compañía, intercambiaron gritos y acusaciones con miembros del comisariado.

Los acusaban de mentir en sus dichos y además de poca democracia en el procedimiento, luego que la asamblea determinó hacer la votación “a mano alzada” en lugar de cédula secreta, como recomendó el visitador de la PA y conforme a las leyes.

“Se van a beneficiar ellos mismos, esta es su democracia, es el juego sucio. No nos va a repartir nada a nosotros, a la gente, les está mintiendo”, dijo en la asamblea Torres Díaz, al momento de la decisión por la mano alzada y dejar las urnas de lado.

Resultaron electos como presidente de la Mesa de los Debates, Francisco Javier Orozco; el secretario de Actas de la Asamblea, Jesús Fruto y los escrutadores Saúl Salvatierra González y Jorge Martínez Búrquez, quienes luego de discutir con las autoridades, llevaron a cabo este proceso por votación "a mano alzada".

El visitador de la PA, Ezequiel López, destacó que a pesar de los acaloramientos propios de una asamblea, se instaló “perfectamente” con el quórum legal del 25 por ciento más 1 de los integrantes del ejido y fueron quienes determinaron su rumbo, destacó.

El Comisariado Ejidal interino, hasta enero de 2023, sigue vigente, recalcó el visitador. Aunque expuso que cualquier persona que se haya sentido agredida en sus derechos, tiene “toda la oportunidad” de acudir a una autoridad agraria con sus criterios para denunciar.

“Enhorabuena que terminó de la mejor manera, que no haya habido cuestiones más allá de un intercambio de opiniones”, dijo además el comisionado.

Ricardo Torres Díaz, expresó en diversas ocasiones que el presidente electo de la Mesa de los Debates estaba “manipulando la asamblea”; mientras que Jesús Fruto, el secretario de Actas, se dijo a favor del voto secreto porque “así lo marca la ley”.

El presidente de la mesa, señaló después que en una asesoría del propio representante de la PA en BCS, Víctor Estrella, este les informó que podían detener la asamblea en el punto de la remoción, para la votación a mano alzada directamente por la “no remoción”.

"Sí se pudo" fue como corearon los ejidatarios en su mayoría, llevando a cabo la votación que terminó en la ratificación del Comisariado Ejidal. 

Los integrantes ratificados hicieron un llamado a que el expresidente, Marco Antonio Torres Díaz, regrese la documentación y bienes del ejido, que acusaron, se llevaron de manera presuntamente ilegal con ayuda de una ejidataria.

La presidenta hizo hincapié en que seguirán buscando recuperar otros bienes como las camionetas y mobiliario, ya que está en riesgo de "perderse todo".

Recalcó que la documentación oficial de la Casa Ejidal está en poder de Marco Antonio Torres Díaz y su esposa Ariadna Sepúlveda Cota, quienes tienen asesoría de la abogada Miriam Orozco y el ingeniero Salvador Sarabia. Estos últimos acudieron al lugar pero no les fue permitido el acceso.

Saúl Salvatierra, ejidatario, dijo que es necesario darle una "enseñanza" a las dependencias.

“Una cosa es lo que dicen las leyes, y otra cosa es lo que determinan las asambleas ejidales. Que las autoridades volteen a ver a los ejidatarios, revisen las leyes y trabajen”, aseguró.

Luego de 3 horas y 20 minutos de ingresar a la Casa Ejidal, fueron clausurados todos los trabajos de manera oficial a las 13:47 horas del domingo.

Entre gritos y festejos de los ejidatarios afines al Comisariado Ejidal, pero también la molestia de sus opositores.

El presidente del Consejo de Vigilancia, Francisco Javier Lucero Villalobos, dijo que además de recuperar el tiempo perdido, buscarán el diálogo con el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío.

Buscarán explicarle los problemas que aquejan a los ejidatarios de Todos Santos, quienes dicen padecer pobreza, enfermedades y todo tipo de carencias a pesar de las ventas de terrenos parcelarios del ejido.

“Los comisariados anteriores se han encargado de empobrecer más nuestro ejido, con ventas sin autorización de los mismos. Alguien de los opositores dice que es un ejido rico, que somos beneficiados del Ejido Todos Santos, pero se han beneficiado de venta de tierras o constancias. Que nos dejen trabajar”, finalizó Lucero Villalobos.