San José del Cabo, Baja California Sur.  Deberán someterse todos los desarrollos a fiscalización, luego de que el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (OOMSAPA) de Los Cabos detectará tomas clandestinas en pozos y acueductos que deben canalizar el vital líquido a la población de Cabo San Lucas (CSL).

Así lo indicó el titular del OOMSAPAS, Ismael Rodríguez Piña en entrevista con medios de comunicación locales, al ser cuestionado sobre las estrategias que se tomarán para enfrentar la dura crisis de abastecimiento de agua que se vive en el país.

Recordó el director que permanentemente se ha vivido una crisis en Cabo San Lucas, sin embargo, el estrés hídrico que se vive en estos momentos en muchos estados de la República Mexicana y claro, en el municipio cabeño, obliga a usar solo el volumen superficial de agua, tarea que se complica con las tomas clandestinas que a lo largo de dos semanas se han detectado, tanto dentro de colonias, como por parte de importantes desarrollos hoteleros.

En ese sentido es que deberán someterse a una revisión cautelosa para saber cuántos litros por segundo recibe, cuántos pagan y si hay irregularidades dentro de las instalaciones o de forma administrativa.

"El problema de estrés hídrico en Los Cabos es el mayor de toda Baja California Sur en el tema de disponibilidad de agua, por ello tenemos que trabajar con el volumen disponible, estas acciones son para poner orden, para buscar el como si incorporar acciones en el corto plazo que le beneficien a la población que es lo que está esperando resultados en lo que llegan las grandes obras... Dentro de las acciones la fiscalización es una de ellas, que permitirá llegar desarrollo tras desarrollo haciendo lo propio, la medición correspondiente y como la ley lo prevé, hasta 5 años, para hacer retroactiva la aplicación del cobro de volúmenes no contabilizados", dijo Piña.

Es importante señalar que la fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple con las normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización puede ser decretada por el Estado o de manera interna por las propias compañías