Ya no habrá ningún tipo de persecución contra mujeres que hayan decidido abortar en BCS, al no estar configurado ya el aborto como delito en la entidad, confirmó el procurador, Daniel De la Rosa Anaya
Fotogalería
La Paz, Baja California Sur.- El procurador de Baja California Sur (BCS), Daniel De la Rosa Anaya confirmó que existen 53 carpetas de investigación abiertas en los últimos cinco años por el delito de aborto en la entidad, mismas que serán cerradas, luego de la reforma para la despenalización.
El funcionario declaró a medios que a la fecha ninguna mujer se encuentra imputada ni procesada en prisión preventiva, y justo con la reforma del pasado 2 de junio en que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestión en la entidad, se cerrarán las carpetas de investigación que permanecen abiertas.
"Lo que nos posibilita la reforma es que todas esas denuncias van a cerrarse con un no ejercicio de la acción penal y no habrá ningún tipo de persecución al no estar configurado el delito", puntualizó.
"Ya se estableció la reforma en este sentido y se hará un ejercicio por atipicidad, porque no se configura ya el delito. Es lo que procede legalmente", remarcó.
De acuerdo con el registro de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de 2018 al 2022 se abrieron 54 carpetas de investigación, y judicializaron cinco en total: tres resultaron sobreseídas, una se encuentra pendiente de desahogo de audiencia y una concluyó por cumplimiento de medida, toda vez que el juez impuso asistir a "tratamiento psicológico".
La reforma entró en vigor el pasado 14 de junio y establece en la Ley de Salud del estado, en su artículo 62, que “las instituciones deberán proceder a la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos permitidos en el código penal y en la NOM-046-ssa-2005, cuando la mujer interesada o persona con capacidad de gestar así lo solicite”.
Las solicitudes para la interrupción del embarazo deberán atenderse y la institución de salud del Gobierno de BCS efectuarla en un término no mayor a cinco días contados a partir de que se presente, aún cuando se cuente con algún otro servicio de salud, público o privado. “El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno”, puntualiza la reforma.