La Paz, Baja California Sur. La titular de la Contraloría General del Estado (CGE) de Baja California Sur (BCS), Rosa Cristina Buendía Soto confirmó que en una de las instancias que ha investigado, se instruyó al Ministerio Público a que investigue posibles delitos relacionados con la compraventa de un inmueble que fue pagado, pero jamás entregado formalmente a su nuevo propietario.

“Nos presentaron denuncias en SEPUIM sobre unos predios que un particular compró al Gobierno del Estado en Los Cabos. Hizo unas transferencias a un servidor público. El pagó el total, y nunca le dieron su inmueble. La persona con justa razón viene a denunciar. Estamos en la etapa de la investigación”, confirmó.

Esa fue la respuesta de la titular de la CGE al ser cuestionada sobre estas investigaciones en su despacho que han concluido en acción penal, la cual continúa la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Al respecto, Buen Día Soto del estado asentó que hay una limitación muy clara en cuanto a la información que puede proporcionar a la opinión pública para evitar que los posibles responsables evadan su responsabilidad recurriendo a amparos; algo que de hecho ya sucedió en con una de las investigaciones en curso.

 “Hubo por ahí una fuga de información de alguna de las personas en contra de quienes estamos ejerciendo acción penal. Nos presentó un amparo. Debemos tener mucho cuidado. Les he pedido hacer hincapié en la contraloría. Hay que guardar sigilo de los asuntos”044 confirmó pidiendo cuando dio a conocer la información relativa a las acciones para proteger los recursos del pueblo que ha iniciado en los primeros ocho meses de la administración estatal.

Desde el inicio del presente mes, el gobernador del estado Víctor Castro Cosío confirmó que CGE ha recibido 258 quejas en lo que va de su gobierno.

A partir de ellas, añadió, iniciaron cientos de procesos de investigación así como otras acciones de auditoría y fiscalización que -en los primeros ocho meses del trabajo gubernamental- han culminado en 12 denuncias contra servidores públicos.

En 4 instancias, estas denuncias han sido notificadas al Ministerio Público Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que integre una carpeta de investigación por la comisión de posibles ilícitos y permita que un juez determine la posible acción penal contra los responsables.