La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur (BCS) evidenció a la administración municipal de Rubén Muñoz Álvarez por la aprobación ilegal del uso de suelo al desarrollo Punta Norte, al tiempo que respaldó a la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero ante “el acoso jurídico”, que está enfrentando.

En el marco de la sesión pública ordinaria de este jueves se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado de la fracción del Partido del Trabajo (PT), Fernando Hoyos Aguilar, para exhortar al Ayuntamiento de La Paz a que investigue si hubo o no violaciones en la autorización aprobada por el gobierno anterior.

Así mismo, que retire la publicidad en donde se promociona la venta de predios del denominado proyecto Punta Norte, hasta que haya certeza jurídica sobre los procedimientos de dicha empresa, para evitar que posibles compradores se vean afectados en su patrimonio.

En la exposición de motivo, Hoyos Aguilar señaló que es público y notorio, que la instalación de un megaproyecto urbanístico localizado al norte de la ciudad de La Paz, ha generado controversia por sus fantásticas dimensiones pero más que nada, porque su autorización ha estado plagada de múltiples cuestionamientos.

Expuso “ante estos riesgos inminentes que pueden ocasionar un desequilibrio ambiental de proporciones épicas, el Congreso no puede permanecer indiferente, como tampoco al acoso jurídico de una representante popular que, por defender la legalidad, se vea amenazada por demandas legales y juicios ante tribunales. No está sola compañera Presidente Municipal de La Paz Milena Quiroga Romero”.

Afirmó que es hora de formar un frente ciudadano encabezado por esta representación popular, y coordinados con instancias, dependencias de las tres órdenes de gobierno y la sociedad en defensa del medio ambiente y el agua.

Recordó que en una sesión extraordinaria del XVI Cabildo del Ayuntamiento de La Paz, a puerta cerrada por medidas contra el covid-19, en marzo de 2021, se aprobaron las modificaciones al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de La Paz y con ello el cambio de uso de suelo a la empresa, para la construcción de más de 4 mil unidades habitacionales.

El diputado José María Avilés Castro confirmó lo dicho por su compañero legislador sobre que siendo regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, única competente para conocer del asunto, había presentado un dictamen rechazó el dictamen.

Mencionó que este dictamen fue rechazado y el asunto fue turnado a la Comisión de Gobernación, Tránsito y Seguridad presidida por el presidente municipal, misma que presentó un dictamen favorable el cual fue aprobado.

Dijo que el actual Cabildo anuló el acta debido a irregularidades en la documentación presentada por el megaproyecto; porque la autorización es ilegal y no se ha cumplido por parte de los desarrolladores las condicionantes de que el pozo de agua dentro del predio pase a disposición del ayuntamiento, ni se ha construido la planta desaladora, ni la de tratamiento de aguas residuales.

Precisó que derivado de esta anulación, fue un hecho público y notorio ventilado en diversos medios de comunicación, que un afamado consorcio jurídico nacional, hizo acto de presencia en el estado para presentar formal denuncia y querella en contra de la actual presidenta municipal de La Paz Milena Paola Quiroga Romero.

Reiteró que las autorizaciones otorgadas al proyecto al norte de la ciudad se encuentran bajo el manto de la duda y la sospecha. Pero una conclusión clara y precisa que se desprende de este ilógico procedimiento, es que están es riesgo dos patrimonios de incalculable valor para todas y todos los sudcalifornianos, que es el impacto ambiental en el suelo, flora y fauna de la zona requerida para el proyecto y el riesgo de que sea atracada el agua de las y los paceños.