La Paz, Baja California Sur. El expresidente municipal Rubén Muñoz Álvarez, ahora diputado federal por Baja California Sur (BCS), opinó sobre la iniciativa para anular la sesión de Cabildo que él presidió para sustituir las atribuciones de la comisión de ecología y desarrollo urbano y otorgar autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo al desarrollo Misión Punta Norte. Dijo que sus acciones fueron en apego al marco constitucional y su intención es traer inversión y hasta más agua, a la ciudad de La Paz.

“Esto entra en el marco de la revisión de cada gobierno, yo fui un promotor de inversiones. Punta norte se pensó ubicarse en el único acuífero de La Paz que no tiene problemas de agua que es el acuífero del Bonfil. Además, el proyecto trae una planta desoladora, una planta de tratamiento, esos terrenos que va ofrecer este desarrollo y los que vendrán para La Paz, tiene que ser para los hijos de los sudcalifornianos y de los paceños. No se puede detener la inversión cuando se puede promover el desarrollo”.

Lo anterior lo expresó sobre el tema que, algunos han dicho, se realizó con vicios de ilegalidad por parte de XVI Ayuntamiento, ya que el dictamen de para el desarrollo inmobiliario en terrenos forestales emanó de una comisión que no estaba facultada para ello la cual presidía el propio ex alcalde Muñoz Álvarez.

El pasado 15 de marzo, en sesión extraordinaria de cabildo (Diario El Independiente, 17 de marzo 2022), el XVII Ayuntamiento que preside Milena Quiroga Romero presentó el recurso de nulidad de la citada sesión cabildo por violentar el “principio de certeza jurídica” que debe seguir todo acto oficial.

El procedimiento debe seguir un curso legal y la decisión podría ser llevada a tribunales por los terceros involucrados: el desarrollo inmobiliario.

Sin embargo, para el ahora diputado federal presidente de la comisión de asuntos hidráulicos en la Cámara de Diputados, la legalidad de la citada sesión de cabildo no está en tela de juicio y al anular los permisos que ya se otorgaron a Misión Punta Norte se estaría afectando un desarrollo que, insistió, “sería un beneficio para las y los ciudadanos de La Paz”.

“Invito a las autoridades a que lo revisen de manera formal. Nosotros como ayuntamiento, pensando en la inversión, dimos el visto bueno y corresponde a las nuevas autoridades determinar lo conducente”, aseguró.

Sobre los visos de ilegalidad y acciones que podrían representar responsabilidades para funcionarios públicos, el legislador federal protegido por el fuero que le confiere su cargo de elección popular, se dijo confiado de que todo se realizó en apego al marco constitucional.

“El artículo 115 constitucional, es muy claro en que los alcaldes tenemos deberes y obligaciones, una de ellas es promover la inversión para generar empleo. Esa fue la motivación que tuvimos, no solo con Punta Norte, sino con nuevos hoteles y para que La Paz sea un destino internacional. La Paz está destinada a ser una ciudad de gente grande; y en las ciudades como La Paz, como autoridades, debemos orientar el desarrollo, no detenerlo”, finalizó.