La Paz, Baja California Sur. La titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado (Secfin), Bertha Montaño Cota descartó que la campaña resultado del decreto presidencial para regularizar automóviles importados de manera ilegal al país sea un fracaso. Ello a pesar de que confirmó que, a solo cuatro meses de que culmine el periodo preestablecido para que los propietarios de este tipo de vehículos realicen el trámite, en Baja California Sur (BCS) se ha regularizado solo uno de cada 20 automovilistas han optado por pagar el trámite para poner en regla su vehículo

"Hace años, era muy fiscalizada la estancia y circulación de esos vehículos en el territorio nacional. Constantemente estaban las autoridades sobre estos vehículos. Luego se relajó, todos sabemos eso; y esto llevó a una situación de mucha complejidad con más de 2 millones de vehículos en esta situación el país. La suposición es que habrá un decreto que emita reglas de fiscalización más fuertes a partir de que concluya el proceso. Por eso reitero, hay que aprovecharlo, sí es cierto que para muchas familias desembolsar 4 mil 500 pesos para un trámite como este pueden resultar oneroso, pero también es cierto que a cambio logran la certidumbre en la tenencia del vehículo y un problema de ilegalidad en la que están. Porque el hecho de que estén afiliados a una asociación de poseedores de estos vehículos no les da certeza legal de su patrimonio”, expresó la funcionaria estatal luego de negar que la política nacional para la regularización sea un fracaso en BCS.

En conferencia de prensa celebrada la semana pasada, Montaño Cota confirmó que, de una meta de 30 mil, solo 1 mil 622 vehículos “chocolate” han sido regularizados en Baja California Sur.

Al ser cuestionada por las razones, negó que se trate de un fracaso, e informó de la instalación de nuevos módulos para regularizar el tipo de automotores que cumplan con las condiciones estipuladas en el decreto presidencial.

Sobre los recursos recaudados y su aplicación, expresó que la federación recauda solo 2 mil 500 por el concepto mientras que cargos estatales para cumplir con la norma como revista y placas entran a las arcas estatales sin etiquetar.

Sobre los poco más de 4 millones de pesos recaudados desde febrero pasado a la fecha no están disponibles a discreción del estado.

Confirmó que los resultados se verán hasta el año próximo ciclo ya que la recaudación es concentrada en una cuenta de la federación que, en su momento será etiquetada y dispersada  a los municipios hasta el año siguiente.

Los módulos activos actualmente son dos en Los Cabos; uno San José del Cabo en las oficinas de recaudación de la calle Prof. Juan Pedrín Castillo entre Braulio Maldonado y 5 de Febrero, en la colonia El Zacatal; el otro en Cabo San Lucas, en las instalaciones del Módulo C4; En Comondú, en Auditorio de Tránsito Municipal de Ciudad Constitución; en Loreto en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal y en Mulegé en las oficinas de Administración Portuaria Integral (API) sobre el andador costero de Santa Rosalía.