La Paz, Baja California Sur. Al invitar a los propietarios de autos no importados que circulan de manera irregular en el estado conocidos “chocolate” la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (Secfin) en el Gobierno del Estado, Bertha Cota Montaño confirmó que cuando llegan autos cuyo número de serie tiene reporte de robo, los funcionarios públicos de los módulos de regularización no actúan contra los supuestos propietarios.

"En este proceso que estamos llevando ahora, en el momento en que se sube la documentación a la plataforma y ahí aparece que el vehículo es robado, se le dice al contribuyente: su carro no pasa por esta condición, y se retira con todo y su vehículo no estamos ni embargando ni reteniendo ni haciendo ningún procedimiento aun cuando este vehículo aparece como robado”, expresó Montaño Cota en conferencia de prensa", expresó.

La secretaria de finanzas fue cuestionada por diferentes representantes de los medios de comunicación sobre una posible falta por parte de servidores públicos que, que por el hecho de serlos obligados a enterar a las autoridades de cualquier ilícito que tuvieran conocimiento.

Al respecto la funcionaria estatal zanjó que lo que se realiza al regularizar este tipo de vehículos es dar seguimiento al decreto presidencial en la materia por lo que no se incurre en un delito al no notificar de posibles autos importados de manera irregular que circulan en el país con reporte de robo emitido ya sea en el territorio mexicano o en su país de origen.

“¿Cuál ha sido la postura de la autoridad federal? facilitar este proceso, facilitarlo de manera inédita y extraordinaria. Una carta bajo protesta de decir verdad es el principal requisito”, sentenció.

Tras desestimar que en este sentido se incurra en un delito, informó de la instalación de más módulos para la regularización de autos chocolate. Expresó que antes del 17 de mayo entrarán en operación módulos en los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto que se suman a los ya operativos de La Paz y Los Cabos para ofrecer un módulo de regularización en cada uno de los municipios del estado.

En ese sentido informó que la secretaría a su cargo ha regularizado 1,622 autos chocolate en la entidad, desde marzo pasado cuando dio inicio el proceso de regularización por mandato presidencial lo que representa la entrada de poco más de cuatro millones de pesos a las arcas federales por concepto de regularización de vehículos en el marco del citado convenio.

Sin embargo, no precisó en cuántos de los vehículos a regularizar se descubrió que su número de serie tenían un reporte de robo en el sistema nacional.

Mientras esta cifra representa millones de pesos que van directo a una cuenta de la federación para que luego sean dispersados a los municipios para aplicarlos en obras de mejoramiento de vialidades, la cifra está muy alejada de la meta de 30 mil unidades vehiculares a ser regularizadas en el periodo que indica el decreto, que tendrá efectividad hasta septiembre próximo.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, que determina las faltas administrativas en las que puede incurrir un servidor público se enumera en el inciso segundo que es una falta grave a quien no cumpla con la obligación de “denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas”.

De acuerdo con el abogado Arturo Rubio Ruiz representante del Colegio de Abogados Posgraduados del BCS, al indicar a los servidores públicos que regularizan estos vehículos a omitir levantar un reporte al tener conocimiento de la circulación de un vehículo robado en el estado “Es una falta administrativa a la luz de la legislación administrativa, pero también un posible delito de encubrimiento por omisión del deber legal de dar aviso al Ministerio Público cuando se tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito”.