Saber, de acuerdo a información oficial otorgada nada menos que por la Secretaría de Educación Pública en la entidad, que tan solo en los últimos seis años se han registrado 183 casos de acoso sexual, es mucho muy preocupante.

Y enterarnos que el Congreso del Estado ha tomado con la seriedad y celeridad que el caso amerita la determinación de llevar hasta las últimas consecuencias el proceso de desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano para que enfrente los cargos que se le imputan por una denuncia que se presentó en su contra sobre una supuesta agresión sexual, nos da aliciente y nos hace creer que la impunidad no tiene cabida en esta legislatura.

Ciertamente, fue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la instancia que presentó la solicitud de juicio de procedencia en donde se determina el proceso de desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano.

Y si tomamos en cuenta que el fuero, además de ser un nocivo sinónimo de privilegio, es un instrumento legal que confiere inmunidad procesal a determinados actores políticos, como es el caso que nos ocupa, para desprender de una persona ese privilegio por tanto, se deben seguir normas legales específicas.

En este caso, la Constitución establece que para que un funcionario pueda ser investigado, primero se le debe seguir un juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y posteriormente se procede a realizar la indagación respectiva.

No obstante, repito, en los últimos años, este instrumento ha sido considerado un sinónimo de impunidad toda vez que da cuenta de abusos entre muchos, quienes se cubren tras las esferas de poder.

Y nos vamos a los más recientes: El del senador con licencia Félix Salgado Macedonio que fue acusado de haber abusado sexualmente, en al menos tres ocasiones, de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando era director de un periódico en Acapulco, Guerrero, según revela una investigación del periódico Milenio.

La averiguación judicial consta en la carpeta 12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016; no obstante, el expediente fue “enterrado”, afirma Milenio, a pesar de que la denuncia fue ratificada por la víctima el 2 de enero de 2017 para la cual presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones por parte de Salgado Macedonio, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual.

Otro es el del diputado Saúl huerta, quien es acusado del delito de abuso sexual y violación agravada, y que tiene en su contra otra denuncia por el delito de abuso sexual equiparado, agravado.

Y sin ir muy lejos, recordemos la acusación que, por abusador sexual pesa sobre el entonces diputado local por Morena, Esteban Ojeda Ramírez, y cuyo señalamiento fue hecho en abril de 2021 por la supervisora de zona de las secundarias técnicas en La Paz, Argentina Salomé Flores Soto, quien personalmente acudió a una sesión pública ordinaria del Congreso del Estado para señalar al entonces diputado de Morena, Esteban Ojeda Ramírez, como un abusador sexual.

Y qué bien que hoy por hoy, respecto a las agresiones sexuales cometidas por diputados, sean los propios legisladores quienes dejen en claro que en el Congreso del estado están obligado atender este tipo de solicitudes enviadas a esa instancia, porque eso habla de las buenas intenciones que ahí se tienen de hacer bien las cosas.

Es decir, y quiero entender que, todos, las y los diputados, apoyarán la posibilidad de proceder al desafuero del diputado local Juan Pérez Cayetano para que pueda enfrentar ante la justicia el proceso penal por los cargos que por abuso sexual se le imputan en base a la denuncia presentada en su contra.

Y no es para menos cuando como en esta ocasión se trata de un asunto penoso y serio que sin duda marcara un negro precedente en la historia legislativa de Baja California Sur.

Sin embargo pese al amargo trago, es plausible la determinación tanto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, como del Congreso Estatal toda vez que como ya la dije en una entrega anterior, se debe atacar de frente esa nociva práctica del acoso sexual que, al menos en lo que respecta a nuestro estado se ha vuelto una sórdida costumbre entre senadores, diputados, alcaldes, rectores, maestros, prefectos, e inclusive sacerdotes.

Y se debe atacar de frente antes de que le cause problemas más graves a Víctor Castro Cosió como máximo responsable de lo que ocurre en el estado.

Y es que por un lado, los casos registrados por abuso sexual, sin tomar en cuenta los que no han sido denunciados, ya son muchos y merecen atención especial, por un lado.

Por el otro, reitero que el Código Penal de Baja California Sur es demasiado débil al respecto, y más bien su articulado está hecho para perdonar a los autores de estos desvíos y mofarse de las víctimas, tal y cual lo están haciendo en estos momentos.

En efecto. Es muy escueto en cuanto al delito de Acoso sexual, pues en su Artículo 183 solo dice. “Comete el delito de acoso sexual quien se exprese verbal o físicamente de manera degradante en relación a la sexualidad de otra persona, sin que exista subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, dicha conducta será sancionada con una pena de seis meses a un año de prisión”.

Por tanto, las y los diputados tienen una gran responsabilidad al respecto, no solo para castigar severamente a los responsables de estos delitos, sino para que, en base a las leyes, se pueda reducir el cometimiento de los mismos.

Y aquí reafirmo la certeza de que en la medida de que las y los diputados elaboren las leyes al respecto, en esa misma medida se estarán eliminando las voces de inconformidad. Cuestión de tiempo.