La Paz, Baja California Sur. Durante los primeros siete meses del gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha iniciado 8 investigaciones por el delito de aborto. Ayer, una iniciativa ciudadana propone actualizar el código penal sudcaliforniano para garantizar el derecho a salud reproductiva para las mujeres y las personas gestantes.

En el reporte mensual de delitos del fuero común que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), se recuenta que, en lo que va del gobierno morenista, el aborto siguió siendo enunciado para el Estado mexicano como una práctica que afecta la vida y la integridad.

En Baja California Sur existen 14 carpetas de investigación iniciadas en 2021 por aborto.

Y de septiembre que asumió el gobierno estatal una nueva administración, a abril del presente año ocho carpetas se han iniciado de manera oficiosa.

El año de 2020 el estado de Baja California Sur inició de igualmente procedimientos contra quienes se realizaron un aborto en 10 ocasiones y otras 12 carpetas fueron iniciadas en 2019.

El 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, por violar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, declaró inconstitucional el castigo penal por abortar de manera voluntaria en el código penal de Coahuila.

En dicho fallo, la máxima instancia del Poder Judicial de la Federación, pidió de manera análoga al de aquel estado que todos los gobiernos de la República adecuen sus códigos penales para evitar revictimizar a las mujeres que por decisiones personales determinan acabar con un embarazo.

En ese sentido, ayer se dio lectura a una iniciativa ciudadana por la XVII Legislatura del Congreso del Estado, que pide modificar el marco normativo que penaliza el aborto en la entidad.