La Paz, Baja California Sur. La presidenta municipal Milena Quiroga Romero negó que las acciones que realiza la Contraloría Municipal contra funcionarios del ayuntamiento que le precede tenga tinte político alguno.

“Aquí no hay venganzas políticas. Nosotros simplemente queremos que se haga justicia. Que no se repitan esas prácticas que ponen a temblar el ordenamiento y los recursos naturales o los servicios públicos de la ciudadanía. Nosotros estaremos defendiéndonos, nunca será una revancha, es simplemente lo justo y es nuestra función como servidores públicos. El defender los servicios y el territorio de la ciudadanía”, expresó negando que las acciones emanen de una rivalidad política.

La contraloría informó a la opinión pública sobre la decisión de hacer del conocimiento del Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores públicos los hechos que pudieran incidir en el ilícito de peculado o malversación de recurso público para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) proceda a la integración la carpeta correspondiente a fin de que se ejerza acción penal contra quienes resulten responsables.

De acuerdo con la información, la denuncia es por el uso de bienes muebles propiedad del gobierno municipal para fines personales.

Una fuente confiable que no puede ser divulgada hizo del conocimiento de este medio que las denuncias son contra un funcionario de confianza durante la administración de Rubén Muñoz Álvarez que ocupaba un puesto con nivel de Dirección General.

Esta es la segunda instancia en la que la contraloría del municipio inicia un procedimiento penal contra funcionarios públicos de la administración del ahora diputado federal -con fuero- Rubén Muñoz Álvarez.

La primera, se turnó a la misma autoridad investigadora a finales del año pasado por el delito de uso indebido de funciones. Luego trascendió que esta primera demanda está relacionada con el uso de facultades oficiales para cambiar valores catastrales favoreciendo a particulares y en detrimento del erario público, algo que la propia Quiroga Romero en su momento calificó como un “entramado de corrupción”.

A pesar de los dos recursos legales, y un procedimiento de nulidad contra una sesión de cabildo donde se aprobó un cambio de uso de suelo a solicitud explícita del entonces alcalde  Rubén Muñoz Álvarez, la presidenta en funciones niega que se trate de una venganza política y las acciones se ejecutan con la seriedad que representa el ejercicio público.