Qué bien que de frente a esa nociva práctica del acoso sexual, que se ha vuelto una sórdida costumbre entre senadores, diputados, alcaldes, rectores, maestros, prefectos, e inclusive sacerdotes, ya haya quienes estén poniendo el dedo en la llaga en su intento de que se haga justicia, y se castigue a los culpables.

Y qué bueno que a su debido tiempo broten las voces de inconformidad. Es decir, antes de que el engrudo se le haga bolas a Víctor Castro Cosió por tantos casos que han surgido recientemente, y que por tanto, las diputadas y los diputados, hagan algo al respecto.

Esto es, si tomamos en cuenta que el Código Penal de Baja California Sur es demasiado débil al respecto, y más bien su articulado está hecho para perdonar a los autores de estos desvíos y mofarse de las víctimas, tal y cual lo están haciendo en estos momentos.

En efecto, es muy escueto en cuanto al delito de Acoso sexual, pues en su Artículo 183 dice. “Comete el delito de acoso sexual quien se exprese verbal o físicamente de manera degradante en relación a la sexualidad de otra persona, sin que exista subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, dicha conducta será sancionada con una pena de seis meses a un año de prisión”.

Pero no solamente las y los diputados tienen una tarea al respecto, sino también otras instancias como la Procuraduría General de justicia, que ya cuanta con denuncias específicas y presuntamente fundadas.

Para ilustrar lo anterior, recordemos que en abril de 2021, la supervisora de zona de las secundarias técnicas en La Paz, Argentina Salomé Flores Soto, acudió a una sesión pública ordinaria del Congreso del Estado para señalar al entonces diputado de Morena, Esteban Ojeda Ramírez, como un abusador sexual.

“Esteban Ojeda, también fue mi maestro en secundaria. Y hoy creo, sin lugar a dudas, que ese que fue mi maestro y que le estoy hablando aquí de frente siempre fue un degenerado. Porque sí, así se portó con las mujeres y son muchísimas las que confiaron en mí, para darme puros argumentos de por qué usted es un violador”, externó la mujer y denunció que este tipo violentó sexualmente a muchas mujeres de la zona 4, donde ella labora.

También dijo: “muchas mujeres de mi zona escolar me piden que no le permita ya nunca más la entrada a las escuelas, porque esa basura, ese degenerado, se aprovechaba de intendentes, de secretarias, de mis compañeras vulnerables en ese momento, para pedirles sexo”.

Y qué desgracia que en el caso concreto del hoy exdiputado, sus compañeras y compañeros de ese entonces optaron guardar un oprobioso silencio, convirtiéndose en alcahuetes, tapaderas y cómplices de un potencial delincuente.

Meses después, en octubre de este mismo año, la exregidora del ayuntamiento de Los Cabos, Ana Georgina Roldan interpondría una denuncia por abuso sexual en contra del actual diputado por el XVI distrito local electoral, también de morena, Juan Pérez Cayetano.

En este último caso, el de Juan Pérez Cayetano, --diputado en funciones-- trascendió que a raíz de ello, la PGJE inició la integración de la carpeta LPZ/6406/2021/NUC, la cual quedó a cargo de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Sexuales, informándose además que al mismo tiempo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur afirmó que se investiga al mencionado diputado por su presunta responsabilidad en un delito de abuso sexual.

Sin embargo, han pasado ya más de seis meses y a pesar de que la dama agraviada ha insistido en que se desafuere o quiten privilegios a este tipo, las y los diputados que hoy cobran en el Congreso del Estado, optan por permanecer al margen, lo que deja traslucir perversos actos de solapamiento e Impunidad de todas y todos quienes integran la actual legislatura local.

Es decir, nos quieren dejar en claro que las y los actuales diputadas y diputados son igual de alcahuetes, tapaderas, cómplices y perversos que los anteriores. De no ser así, que lo demuestren con hechos.

Por tanto, si legisladores y autoridades inteligentemente toman en cuenta que toda problemática que brota y se genera en un estado recae en el gobernante en turno, deben tomar cartas en el asunto y actuar, --repito--, antes de que el engrudo se le haga bolas a Víctor Castro Cosío.

¿Por qué? Porque los casos de hostigamiento van creciendo cada vez más y por tanto demandan acciones concretas.

En efecto, es penoso reconocerlo pero la lista de autores cada vez se extiende más cuando los recientes casos de acoso sexual hablan no solo de un prefecto, sino de un senador, de un exalcalde, de un exrector y hasta de un sacerdote.

Y todo ello, quiérase o no, ha puesto en jaque al administrador de nuestro estado que lucha por hacer bien las cosas y que por tanto merece que lo ayuden a gobernar, cada quien desde la responsabilidad que tienen conferida.

Por eso reitero que ojalá y esa sede esperanzadora de la libertad y la soberanía como lo es el Congreso del estado, no se convierta de nuevo en el nido de aves agoreras dispuestas a jugar con los sentimientos del pueblo.

Y que no olviden que acá, hay un pueblo confiado en que no se convertirán en tapaderas de pillerías e impunidades como lo hicieron aquellos que cínicamente al interior de esa soberanía cometieron desaseos y deshonestidades.

Que no olviden la terrible crisis de desconfianza y credibilidad que como negra sombra dejaron aquellos mientras el pueblo siguió sumido en la desgracia y sediento de justicia.

Mucho menos deben olvidar momentos cruciales como los de hoy cuando en grupos organizados y con justa razón, las damas gritan, se alebrestan, se defienden, se violentan.

Cuestión de tiempo.