San José del Cabo, Baja California Sur. Desde tempranas horas de la mañana representantes de empresas dedicadas al transporte del sector turístico se dieron cita en Cabo San Lucas, para emprender una caravana y manifestar así sus molestias con las autoridades municipales del municipio de Los Cabos.

Fue a alrededor de las 10:00 horas de la mañana que este martes 5 de abril los transportistas emprendieron su recorrido de la delegación rumbo al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, para visibilizar la problemática que al día de hoy enfrenta y les afecta de forma económica. A ellos se unieron al menos una decena de conductores de la plataforma Uber. En entrevista exclusiva con Diario El Independiente, Adrián García Mendoza, vocal de la Asociación de Empresarios de Transportación Turística de Los Cabos señaló que su única exigencia hacia el Gobierno local es que los dejen trabajar.

"Ellos argumentan que somos irregulares porque no tenemos un permiso llamado Artículo sexto y un sistema que se conoce como el sello, ¿Porque no los tenemos?, Porque aunque lo hemos solicitado el gobierno no los quiere entregar por un conflicto de intereses porque los que están en los puestos de poder referente al transporte tienen intereses en gremios de taxistas, domperos y transporte local", dijo García Mendoza.

Explicó que esta problemática surgió desde el año 2000; en el 2014 se inició con una mesa permanente de la cual emanó la implementación del artículo sexto y el sello; sin embargo, aseguró que el gobierno "olvidó" decir que los taxistas también se les implementó el permiso para trabajar en la vía federal, mismo que no suele ser solicitado en las inspecciones, permitiéndoles trabajar en zonas como el Corredor Turístico, el Aeropuerto, entre otras.

"Cuando dicen que nada está por encima de la ley, los primeros que están por encima de la ley son ellos y su gremio... el gobierno del estado entregó placas a los taxistas de su gremio, las empresas solicitamos el documentó de artículo sexto, tenían 30 días naturales para responder, ya pasaron 32 y el señor Martín Ceseña (director de Transporte Estatal) no ha respondido a ese pedido", aseveró.

Incluso, el vocal aseguró que su forma de trabajo a través de páginas web para que los turistas realicen reservaciones y en ese sentido, el propio gobierno local obliga a dar los datos personales de quienes solicitan el servicio de transporte, violando el derecho de los clientes a la protección de sus datos personales a través del "sello", que además es un acuerdo de buena voluntad y que no está incluido en ninguna ley y que si no lo portan, los hace acreedores a una multa de hasta 40 mil pesos.

Finalmente, el portavoz de los transportistas pidió una disculpa a la sociedad en nombre de todos sus compañeros por afectar la movilización así como al turismo. "Si el gobierno les quita el medio para alimentar a sus familias, ¿Que estarían dispuestos a hacer?, esa es nuestra respuesta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar".