• El exalcalde paceño, ahora diputado federal, desestimó que las denuncias que la Contraloría Municipal turnó a la PGJE para integrar una investigación por uso indebido de funciones y otros posibles delitos de la Ley de Responsabilidades para Funcionarios Públicos.
La Paz, Baja California Sur.
Para el diputado federal por Baja California Sur (BCS) y ex alcalde paceño
Rubén Muñoz Álvarez, las denuncias que se han presentado contra al menos tres
exfuncionarios públicos cuya acción está relacionada con el favorecimiento de
empresas para que dejaran de pagar sumas millonarias en impuesto predial por
terrenos subvaluados es, consiste solo en un “procedimiento administrativo”.
Aunque la propia presidenta
municipal consideró que las acciones denunciadas formaban parte de una “red de
corrupción” (Diario el Independiente, 10 de marzo 2022), como lo expresó al dar
a conocer la forma en que se operaba para favorecer a los dueños de terrenos
para que dejaran de pagar millones de pesos en dicho impuesto, el diputado
federal plurinominal consideró que solo se trataba de un procedimiento de
trámite relacionado con la entrega recepción.
“Es un ejercicio de
fiscalización normal en las administraciones. Qué bueno que se revisen todo
tipo de compulsas. Tuvimos una administración totalmente apegada a derecho. Y
que la autoridad responsable determine lo conducente”, expresó el legislador
beneficiado por el fuero constitucional que le protege de posibles
procedimientos penales o administrativos en su contra.
De acuerdo con el relato de la
propia presidenta municipal, al menos tres funcionarios en la dirección de
catastro del gobierno municipal, durante el XVI Ayuntamiento que encabezó Muñoz
Álvarez, se encuentran involucrados en acciones que permitieron que un terreno
(valuado en hasta 90 millones de pesos) pagara una fracción minúscula del
impuesto predial que debía aportar dañando las arcas municipales y al erario
público.
La investigación donde se
señala a estos tres funcionarios públicos, cuya identidad no ha sido revelada a
la opinión pública, fue integrada por el titular de la Contraloría Municipal,
Ernesto Rodríguez Hurtado quien la turnó a la Fiscalía Especializada en Delitos
Cometidos por Funcionarios Públicos de la Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Muñoz Álvarez no descartó
acudir a un llamamiento de la autoridad para hacer las declaraciones que fueran
necesarias. Aclaró que, hasta el momento, no ha sido notificado personalmente
de que dichas investigaciones requieran de su participación.