La Paz, Baja California Sur.- Juan Manuel Alfaro Castro hizo públicas diversas prácticas que dijo, son parte de la “corrupción” que envuelve a Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Baja California Sur (BCS).

El exvisitador de la CEDH dijo  este matutino haber sido destituido de su cargo de manera ilegal, desde el pasado 15 de junio de 2021; consideró violados sus derechos y expuso necesario que renuncie a su cargo por “dignidad” luego de enlistar varias otras prácticas que se le atribuyen.

Dijo haber probado debidamente ante el Congreso de Baja California Sur (BCS) 37 datos causales para su remoción, al iniciar un juicio político en su contra; enlistó un resumen en un documento que entregó a la CEDH.

“Por la delicadeza del tema, en este momento, hago responsable de cualquier agresión física, a mi o a mi familia, por parte del titular de este órgano autónomo constitucional. Me parece que por dignidad este funcionario no debe seguir haciendo daño a los sudcalifornianos”, aseguró.

“En este momento por dignidad le exijo su denuncia y les pido por favor que me acompañen para hacerle entrega al presidente del oficio del escrito de mi petición ciudadana para efectos de comunicarle que se separe del cargo y evite la humillación ante el Congreso”, añadió.

Posteriormente entró a la dependencia y su documento fue sellado de recibido, en compañía de los representantes de los medios de comunicación; posteriormente se retiró del lugar tras una entrevista de salida.

Las prácticas que denunció el exvisitador, versan sobre mal despacho de las instituciones y mal actuar en lso expedientes de queja asignados CEDHBCS-DQ-QF-LAP-091/2019 y CEDHBCS-DQ-QF-LAP-183/2019, así como el proyecot de recomendación reconocido como LPZ/01/2020.

“De donde derivan violaciones graves a los derechos humanos. Así como ocultar o destruir expedientes de queja que involucran a integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública”, aseguró el denunciante en su escrito.

Lo acusó de haber ordenado la fabricación de un dictamen de psicología, para recabar prueba “ilícita” para acusarlo de tortura, además de corromper y desaparecer el área de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, en detrimento de las propias víctimas, dijo.

Dijo que cometió fraude institucional al activar “de manera ilegal” el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señalando que “inventa hechos haciéndose pasar por víctima y fabrica pruebas” para fortalecer la persecución penal emprendida en su contra, aseguró, por “falsas e ilegales” acusaciones de tortura a una servidora pública.