San José del Cabo, Baja California Sur. El pasado 15 de febrero Diario El independiente dio a conocer que Víctor Manuel Castro Cosío gobernador de Baja California Sur (BCS) se sumó a los gobernadores y gobernadoras del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que mostraron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestos ataques de "grupos económicos" que perdieron sus privilegios.

En el documento que está respaldado por el nombre de al menos 18 mandatarios, expone el trabajo del presidente nacional,  como la creación del banco bienestar la guardia nacional así como obras públicas como el tren maya el aeropuerto Felipe Ángeles,  la compra de 200 millones de vacunas, entre otros.

En ese sentido, llegaron a este medio de comunicación dos denuncias, que exponían a  actos que violaban la veda electoral que comprende un periodo de tiempo del 4 de febrero al 10 de abril durante el cual, "queda suspendida la propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, difundida en los medios de comunicación"  de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral.

La primera denuncia, fue para este acto mediante el cual el gobernador de BCS comparte el documento en el que se enlistan los logros y acciones de AMLO en su gestión como cabeza del poder ejecutivo en México. La segunda de ellas, fue dirigida a la Dirigente del partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Lupita Saldaña. Lo anterior, luego de que a través de sus redes sociales promoviera un trabajo de mejora para la vivienda en BCS, con un video de apenas 36 segundos.

Diario El Independiente se dio a la tarea de entrevistar a Juan Pablo Figueroa García, Vocal secretario de la junta local ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California Sur, quien aclaró primero que, "Lo que podríamos decir de la veda  es que hay un período para que no exista propaganda gubernamental y que evidentemente funcionarios y funcionarias guarden la veda... El plazo de reflexión que va del 4 de febrero al 10 de abril no implica que la acción gubernamental deba suspenderse, simplemente tiene que ver con la difusión, lo que no se debe de hacer es promover lo que serían las acciones".

Posteriormente, comentó que la difusión a través de redes sociales se puede considerar como una falta a la normatividad si proviene de las cuentas oficiales de los respectivos funcionarios, sin especificar el caso de los antes mencionados.

Y explicó que cualquier trámite de una denuncia o queja podrá ser investigada por el Tribunal Electoral de la Federación, instancia que trabaja primordialmente por denuncias que la propia ciudadanía imponga.