La Paz, Baja California Sur.- Mientras la Administración Portuaria Integral (APIBCS) compartía con júbilo el nuevo arribo de un crucero de la línea Carnival al puerto de Pichilingue, un buen número de ciudadanos compartieron su oposición a la intensificación de este tipo de turismo en las inmediaciones de sitios naturales como Balandra o Isla Espíritu Santo solo para ver cómo fueron borrados por la cuenta en redes sociales de la paraestatal. A decir de un especialista de derecho, las acciones de la empresa podrían constituir violaciones a la libertad de expresión.

La tarde del 7 de febrero, APIBCS publicó una imagen en su cuenta de Facebook donde comunicaba el arribo al Puerto de Pichilingue y el mega crucero Grand Princess. “Damos la bienvenida al crucero Grand Princess de la cadena Princess Cruises atracado el día de hoy en el Puerto de Pichilingue. ¡Sean todos bienvenidos a La Paz!”, expresó.

Inmediatamente después, usuarios de Facebook dejaron ver su inconformidad con un ya incalculable número de comentarios respecto a los impactos negativos del arribo de cruceros a la bahía, algunos con enlaces sobre noticias de otras partes de México.

“Bienvenida la muerte ecológica a costa del enriquecimiento de unos cuantos. Mientras otras ciudades del mundo prohíben este turismo depredador, acá la API le sigue dando la bienvenida a las máquinas de muerte que va a desaparecer corales, tiburón ballena y cuanto se encuentre” contestaba una usuaria, que como otras manifestaba su desacuerdo con la llegada del crucero.

Esto en el contexto de un proyecto para remodelar el puerto de cruceros y dragar el fondo marino para intensificar el arribo de estas embarcaciones el cual, actualmente está siendo sometido a una consulta pública celebrada por Semarnat previa a su dictamen en materia de impacto ambiental.

Para sorpresa de muchos, los mensajes de inconformidad eran borrados, al parecer por los encargados de la divulgación institucional de APIBCS, inclusive, algunos usuarios reportaron ser bloqueados, lo que provocó un nuevo motivo de reclamo.

“¡Que señal más inequívoca de censura y oídos sordos a todos los sectores de la sociedad, bloqueando y eliminando comentarios que expresan las razones por las que no son bienvenidos! ¡La misma puerca, pero revolcada!”, expresó un ciudadano sorprendido por la decisión de editar los comentarios en la página de una empresa que opera con recursos públicos.

Activistas de las colectivas que se han organizado para manifestar su oposición a la intensificación del turismo náutico de gran escala en el “Puerto de Ilusión”, alertaron a Diario El Independiente de la eliminación de sus comentarios, lo que consideraron una afrenta a su derecho a la libertad de expresión.

Mientras se reproducen muestras de los comentarios eliminados compartidos por los usuarios de la red social.

Al respecto Narciso Agúndez Gómez, director de APIBCS, en comunicación con este medio de comunicación negó tener conocimiento del hecho.

Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas de Delito consideró que la eliminación de expresiones en redes sociales por parte de funcionarios públicos sí pudiera ser un acto constitutivo de delitos contra los derechos de libertad expresión y a la información.

“Cuando una dependencia pública bloquea de sus redes sociales a un particular o elimina sus comentarios atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. La página oficial de una dependencia tiene como objetivo primordial informar a los usuarios en particular y al público en general sobre sus actividades en el ámbito de su competencia. Si la red social que utiliza permite la interacción, los comentarios que viertan los particulares sobre los temas expuestos no podían ser borrados ni bloqueados porque ello significa violentar el derecho a la información y la libertad de expresión”, expresó.

Llamó a hacer memoria que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde marzo de 2019 estableció un criterio sobre este tema y se decantó a favor del derecho a la información y la libertad de expresión en las redes sociales, al resolver el amparo en revisión 1005/2018.

Rubio Ruiz expresó también la importancia que subyace al criterio de la Suprema Corte, en cuanto a que el gobernado debe tener conocimiento de las actividades de la dependencia, y ésta puede ser cuestionada por el gobernador, conociendo la información oficial, así sea a través de una red social. “A través del ejercicio del comentario, respuesta y observación, la dependencia puede conocer el sentir de los ciudadanos, su parecer y su percepción del desempeño que está teniendo. Es un ejercicio tal vez incómodo para la dependencia, pero saludable para la sociedad. Por lo tanto, ningún organismo público puede suprimir comentarios o bloquear a usuarios de las redes sociales oficiales”, planteó.