La Paz, Baja California Sur.- El Instituto Nacional Electoral (INE), rechaza toda forma de intimidación, sentenció la vocal ejecutiva de la junta local de este órgano electoral en la entidad.

Lo anterior al hacer referencia a la denuncia interpuesta contra el consejero presidente y los consejeros de este órgano electoral por haber suspendido temporalmente actividades sobre la consulta de revocación de mandato.

Recalcó que a consulta para definir la revocación de mandato del actual presidente de la república se ha organizado en una situación compleja, pues el INE ha enfrentado diversas controversias a raíz de que la cámara de diputados decidiera no otorgar los recursos económicos que fueron presupuestados y explicados por el propio presidente del consejo general en la histórica comparecencia ante el pleno.

Recordó que la Ley para la Revocación de Mandato fue emitida tardíamente, en el mes de septiembre del año pasado, a unos días del inicio del periodo de su realización, no obstante, el Instituto Nacional Electoral había tomado la previsión de emitir unos Lineamientos para dar orden a las actividades y prever un calendario para la ejecución de las diversas acciones que se requieren para que la ciudadanía pueda hacer ejercicio de un derecho político más,

Mencionó que para resolver sobre la conclusión anticipada de un gobierno, también deben existir las mismas condiciones que dieron lugar a su elección tres años atrás, de ahí la relevancia de contar con el presupuesto suficiente para garantizar la instalación de aproximadamente 161 mil casillas en todo el territorio nacional.

Advirtió que usar mecanismos diferentes para tomar esta decisión vulneraría no sólo los derechos humanos de las personas, sino del propio gobernante, sujeto a un escrutinio sin las suficientes garantías y que además iría en contra de la propia Constitución.

Explicó que “Como se sabe, el Consejo General del Instituto, mediante un acuerdo tomado por mayoría de votos, resolvió suspender temporalmente algunas actividades relacionadas con este ejercicio, en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera de fondo la controversia que se le ha presentado ante la insuficiencia de recursos, no obstante, la Corte dictó una sentencia negando esta suspensión y ordenando que se continuara con todas las actividades, misma que ha sido acatada en todos sus términos.

Sin embargo, expuso, el Acuerdo del Consejo General que he mencionado, motivó diferencias entre el INE, algunos actores y partidos políticos y la cámara de diputados, cuyo presidente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, acusando al Secretario Ejecutivo y a las seis consejeras y consejeros que votaron a favor del acuerdo, de “coalición de servidores públicos y abuso de autoridad”.

Opinó que esto ha sido preocupante, pues se convirtió una diferencia en una denuncia que criminaliza el ejercicio de la función pública y de la toma de decisiones en órganos autónomos, que buscó inhibir la Independencia con la que se toman las decisiones en los organismos electorales, por lo que rechazamos toda forma de intimidación pues las diferencias de criterio pueden y deben ser dirimidas en los tribunales electorales como hasta entonces se había hecho, pues en un estado democrático de derecho, las diferencias de opinión no pueden perseguirse por cauces que busquen el encarcelamiento de quienes no piensan o deciden según sus intereses.

Enfatizó que hubo muestras de rechazo por parte de colegios de profesionistas, barras de abogados, organizaciones de la sociedad civil y del propio presidente de la república, al considerarse como una actuación equivocada que afortunadamente se rectificó retirando la denuncia mencionada.

No obstante, expuso que el precedente ha quedado ya en la historia política del país y debe mencionarse para que intentos autoritarios no vuelvan a repetirse pues se pone en riesgo la autonomía de diversas instituciones que tardó muchos años en conquistarse.