La labor que desempeñan los ayuntamientos es definitivamente un nivel de gobierno que la población en general está muy al pendiente de la labor que realizan precisamente porque la mayoría de los sudcalifornianos tiene ya a estas alturas la capacidad de evaluar el desempeño de las alcaldías.

De hecho, muchos proyectos políticos, históricamente se han ido al fracaso arrastrados por el mal desempeño de los munícipes.

De ahí que tenga especial importancia y relevancia política lo que realicen los representantes populares a este nivel.

Más ahora que existen una amplia expectativa de mejorar y cambiar el desempeño de las alcaldías que conforman la entidad.

Por supuesto que la condición económica de los ayuntamientos limita mucho la capacidad para brindar los servicios públicos de calidad y aunque el gobierno estatal también históricamente les ha ayudado, lo cierto es que la comunidad está especialmente sensible a la labor de quienes conforman las alcaldías.

En ese sentido aún hay mucho por ver.

Apenas a cien días de gobierno municipal las autoridades municipales aún tienen como válido el argumento de que tienen poco de haber han iniciado con su labor. Pero la población ya tiene una primera avaluación.

Sobre todo en ayuntamientos como Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz, donde la principal argumentación es la escasez de recursos económicos.

No es el caso del ayuntamiento de Los Cabos donde su condición económica es diferente, aunque vale decir que en anteriores administraciones a pesar de esta constante bonanza, también se agudizaron las quejas ciudadanas por la incapacidad para cumplir.

Hoy todo parece indicar que el alcalde Oscar Leggs está determinado a sacar adelante el compromiso adquirido con la ciudadanía cabeña.

Pero en el resto de los ayuntamientos sobre todo en Comondú y La Paz, las cosas no marchan adecuadamente.

Obviamente esta manera de hacer las cosas se cuestiona sobre todo si en el futuro escenario político se plantea la posibilidad de buscar nuevas representaciones populares.

Está claro, que en el caso de La Paz, se requiere que alguien le diga a la alcaldesa Milena Quiroga (y ojalá le haga caso) que será necesario hacer un breve alto en el camino para redireccionar la manera de trabajar.

No es posible que una de las primeras decisiones y acciones trascendentales del ayuntamiento paceño sea la de elevar las tarifas de agua potable.

Tampoco es aceptable que aún esté el ayuntamiento bajo la sombra de decenas de demandas por presunto despido injustificado a trabajadores.

Ahora que existen actores políticos que ya han externado en corto y en ocasiones abiertamente sus pretensiones de figurar en el proceso electoral del 2024, vale la pena hacer notar que el éxito en estas pretensiones estará basado en lo que se haga con las responsabilidades de hoy.

Basta con observar detenidamente lo que a cuatro meses de gobierno municipal se ha hecho en cada uno de los ayuntamientos que conforman la entidad como para predecir ya desde ahora hacia dónde podría inclinarse la preferencia ciudadana.

Es muy temprano dicen algunos, pero no tanto como para dejar de cumplir con la responsabilidad de atender la expectativa generada en las campañas de junio del año pasado y no escuchar el reclamo ciudadano.

Ya veremos qué sucede en los cinco ayuntamientos de Baja California Sur, tres emanados de Morena y el PT y dos más surgidos de la alianza entre el PAN, PRI y PRD en respuesta a la población antes de que inicie formalmente la carrera por las posiciones que estarán en juego en el 2024.

¿No le parece así amble lector?