La Paz, Baja California Sur. Un grupo de trabajadores de los diversos medios de comunicación en Baja California Sur (BCS) se presentó a las afueras de la sede del Gobierno del Estado a exigir justicia a las autoridades federales y estatales ante la imparable ola de violencia contra periodistas que acabó restó las vidas de otras tres personas en lo que va este año.

“Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie”, expresaron los integrantes de los medios de comunicación al leer un pronunciamiento en las escalinatas del palacio de gobierno estatal.

Los comunicadores expresaron su indignación por casos como el de Lourdes Maldonado asesinada el lunes 24 de enero pasado en Tijuana, Baja California.

Recordaron que la periodista notificó al mecanismo federal y estatal de protección para periodistas que temía por su vida; lo que pone en evidencia la limitada capacidad con la que cuentan el Estado para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita y visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.

Los trabajadores lamentaron cómo mientras, por un lado, la violencia que mata periodistas en México y la falta de capacidad para la resolución en los crímenes que acaban con la vida de sus colegas; por el otro está la precarización laboral que obliga a la fuerza laboral de la comunicación en el país a ganar salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan.

Insistieron en que Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia matutina que ofrece el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a pedir ayuda por un juicio laboral iniciado por su persona contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Apenas podía celebrar el laudo favorable en ese proceso, cuando fue asesinada cobardemente el lunes pasado, luego de haber celebrado un programa dedicado a Margarito Martínez, uno de sus colegas fallecido el 23 de diciembre en la ciudad fronteriza.

“En México no tenemos condiciones para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto y además tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento cuando se trata de informar a la población”, expresaron.

“Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio que no ha sido asumida. Mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias”, añadieron.

Ante este panorama, la comunidad periodística de Baja California Sur se sumó a las expresiones que se dieron en distintas latitudes del país y fuera de él para exigir justicia para quienes ejercen la libertad de expresión en el país.

La manifestación concluyó con un pase de lista de los más de 50 periodistas asesinados solo durante el gobierno del presidente en funciones.

Entre los nombres destacó el de un sudcaliforniano, Rafael Murúa Manríquez, encontrado muerto el 20 de enero del 2019 en Santa Rosalía, Mulegé donde dirigía una radio comunitaria.

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