Se requiere que Gobierno del Estado o Municipal funjan como avales del Instituto ante los organismos de salud
San José del Cabo, Baja California Sur. El titular del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, Ussiel Orlando García reveló en una reciente entrevista con Diario El Independiente que los trabajadores de este ente no han contado con seguridad social desde que el propio organismo entró en funciones.
"Es un tema de origen del instituto, no se pudo contar con seguridad social plena, en materia de prestaciones del ISSSTE, se hicieron diferentes gestaciones a lo largo del tiempo y en su momento no pudo concretarse ni con gobierno del estado ni con gobiernos municipales y se tienen 11 años con esta condición", señaló.
En ese sentido, explicó García que los empleados cuentan con una cobertura de gastos médicos mayores, sin embargo, no es lo ideal para que cada ciudadano cuente con estabilidad y seguridad para su bienestar, al no tener un acceso a vivienda. Añadió que a pesar de que con el paso del tiempo se ha querido resolver la problemática, es una situación que requiere de atención urgente debido a la pandemia, pese a que ha sido un problema crítico y delicado.
Explicó García que, como antes se mencionó, hubo acercamiento con diferentes autoridades estatales y locales, sin embargo, siempre se argumentó que no les correspondía apoyar al instituto en ese sentido; se requiere de una figura de aval para que, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), haya un respaldo para el IMPLAN.
"Si ha habido esos esfuerzos pero los criterios que tomó el gobierno de Baja California Sur, en su momento, es que no eran los avales correspondientes en cuanto a la normatividad, para que el IMSS o el ISSSTE nos brindaran el servicio para las prestaciones, no hubo buena recepción en su momento por esta parte", indicó el funcionario.
De acuerdo con la Ley del Seguro Social (LSS), que tiene debe garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, debe ser garantizada por el Estado.