• En 2022, el ayuntamiento instalará con recursos propios una estación para monitorear los contaminantes y clasificar su origen, confirmó la presidenta municipal.
La Paz, Baja California Sur. En relación a la demanda de amparo que turnó un conjunto de asociaciones civiles ante un juzgado federal para obligar al Ayuntamiento de La Paz a que tome acciones inmediatas para monitorear los contaminantes que generan los vehículos automotores en la capital del estado, la presidenta municipal Milena Quiroga Romero confirmó que no esperan un llamamiento judicial para realizar acciones para monitorear la calidad del aire que respiran los paceños.
Al ser cuestionada respecto al amparo turnado por asociaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el observatorio ciudadano Cómo Vamos La Paz (CVLP), la presidenta municipal dijo que se hizo un análisis de la situación del marco regulatorio en materia de calidad de aire y que el monitoreo de la contaminación ya se contemplado en la planificación presupuestal.
“Se hizo una valoración del mismo y de hecho por las leyes nosotros tenemos que tener un punto de inspección y revisión, desde hace muchos años que se tenía que tener ese punto y la idea es que en el presupuesto del próximo año tener una caja de control para la emisión de gases contaminantes”, confirmó la presidenta municipal.
Respecto a las razones por las cuales las asociaciones que han firmado convenios y realizan diversas acciones en coordinación con el ayuntamiento local como el observatorio ciudadano, opta por recurrir a la vía legal para exigir acciones en el ayuntamiento de La Paz, la presidenta municipal opinó que, mientras estas personalidades civiles están en su derecho, en el ayuntamiento que preside hay puertas abiertas para la sociedad civil organizada.
Respecto a las motivaciones detrás de buscar la vía legal para presionar al ayuntamiento de La Paz a monitorear la contaminación del aire e instar a la verificación vehicular de emisiones por la vía del amparo, la abogada María Inéz Pérez de CEMDA afirmó que no hay intención de dañar la figura del Ayuntamiento al buscar que un juzgado exige al gobierno municipal a realizar acciones que están contempladas en leyes y programas.
Cuestionada por las razones por las que no se busca la verificación vehicular en un municipio como Los Cabos, sujeto a la misma matriz energética y de abasto de combustibles que La Paz, la abogada simplemente dijo que se instaba a todos los gobiernos, pero no explicó por qué no se buscó un amparo constitucional en el mismo sentido para la salud de los cabeños.
“La realidad es que todos los municipios deberían contar con esto, no solo el de La Paz, sino también el de Los Cabos, en fin todos los municipios, ciertamente hay que iniciar por algún lado y en este caso se trata de los que mayor capacidad tiene que hacerlo, inclusive debería sumarse el gobierno del estado”, expresó en entrevista para este diario.