Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó la multa de 158 millones 662 mil pesos y la sanción de inhabilitación por 10 años impuesta a un excolaborador de Rosario Robles involucrado en el caso de la denominada La Estafa Maestra.

Se trata de un funcionario que fungió como director general de Programación y Presupuesto en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando era encabezada por Robles.

De acuerdo con la SFP, incurrió en irregularidades administrativas que ocasionaron un daño patrimonial por el monto que ahora es multado.

“La omisión de la persona servidora pública permitió que indebidamente se solicitara una ampliación de recursos por más de 158 millones de pesos, supuestamente para otorgar subsidios adicionales y atender de manera inmediata a los beneficiarios del Programa de Vivienda Rural, que maneja el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo); no obstante, dicha ampliación fue ilegal y se omitió acreditar su uso y destino”, afirmó la SFP.

Derivado de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Control Interno (OCI) de la Sedatu abrió una investigación que detectó diversas irregularidades, por las cuales determinó imponer la sanción en 2018.

“La sanción fue confirmada cuando un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa emitió una ejecutoria y sobreseyó el juicio de amparo que la persona exservidora pública había interpuesto”, expuso la Secretaría de la Función Pública. 

Rosario Robles Berlanga fue recluida el 13 de agosto de 2019, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión, al ocasionar daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, en el caso de triangulación de recursos conocido como La Estafa Maestra. 

En agosto de 2019 salió a la luz que, cuando era secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles contrató con una universidad el levantamiento de 6.7 millones de encuestas, pagó por ese trabajo 77.8 millones de pesos, pero sólo recibió 15.6% de lo contratado, es decir 1 millón 48 mil 575 encuestas.

Según los informes ministeriales, en esta indagatoria también son investigados el exoficial mayor y operador de Robles, Emilio Zebadúa y el exdirector general de Programación y Presupuesto, Francisco Javier Báez Álvarez, por la autorización del pago.