San José del Cabo, Baja California Sur. A través del Boletín oficial número 50 de publicaron el pasado 14 de diciembre los tres decretos que reformaran al menos 14 leyes en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con el documento, se reforman y adicionan: la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley de Participación Ciudadana; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley del Sistema Anticorrupción; Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras. 

El decreto 2736 especifica que, a partir de ahora las penas para delitos de acoso sexual y hostigamiento sexual se duplicarán; además, si el acosador es servidor público, además de multa y pena de prisión debera ser destituido e inhabilitado. Anteriormente, se sancionaba de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días por hostigamiento, si la persona ofendida es menor de edad, la pena de prisión era de uno a tres años y multa de cien a cuatrocientos días.

También, habrá un avance en materia de participación y representación política paritaria para hombres y mujeres, ya que el estado deberá garantizar que los mecanismos de operación sean adecuados para un mayor equilibrio, que permita la participación paritaria en la toma de decisiones políticas, socioeconómicas, sin discriminación de sexos para el proceso selección, contratación y ascensos en los tres poderes y sus dependencias.

En ese sentido, se agregarán las denominaciones de "Consejeras", "Ciudadanas", "Magistradas", "Regidoras", "Presidentas" y "Sindicales", en todo momento para patentar el principio de paridad. El Instituto Estatal de Baja California Sur podrá rechazar los registros de candidaturas que no garanticen este principio.

Respecto a violencia política en razón de género, será catalogada así toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.