La Paz, Baja California Sur. Un grupo de trabajadores de distintas áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en su mayoría agentes de la Policía Ministerial tomó las calles de la capital del estado para exigir el pago de un tradicional bono navideño que, sin advertencia previa, no fue entregado este año por la nueva administración que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío.

“Ganamos 6 mil pesos” expresó uno de los agentes ministeriales sosteniendo una pancarta en la que se leía “¿BCS nos une?”, reunido con casi un centenar de compañeros a las afueras de las instalaciones de la procuraduría.

Los trabajadores decidieron romper el silencio y proceder por la vía de la protesta luego de un video que se divulgó en redes sociales donde se oye la voz de la secretaria de finanzas, Bertha Montaño Cota, diciendo a los trabajadores en un convivio de fin de año que “en el caso de un bono que siempre pagaba cosa que no está en ninguna ley ni una condición de trabajo, pero se les daba a todo mundo y de muchas cosas se sacaba de todos modos como la ley del monte, yo no voy a hacer eso todavía estamos revisando cómo vamos a poder darles una especie de gratificación todavía no está firme eso, no me aplaudan pero estamos intentando que así sea”.

“A todos los compañeros que contamos con una plaza de confianza, que no somos sindicalizados. En relación a los compañeros de contrato, creo que todos aquí estamos de acuerdo que fue una lucha que se solicitó para que ellos pudieran recibir un aguinaldo y qué bueno, la verdad felicito que hayan realizado esa labor pero no pueden perjudicar el derecho de los trabajadores de aproximadamente una quincena”, expresó una ministerial en relación al anuncio extraoficial.

El “bono navideño” consistía en el pago de una quincena, además de la quincena que se entrega por Ley como pago respectivo al “aguinaldo” contemplado en la Ley Federal del Trabajo.

Dicho bono es una prestación por contrato colectivo aprobada para todos los trabajadores sindicalizados del gobierno del estado.

Los trabajadores que, por Ley, no pueden contar con una plaza, ni tienen derecho a organizarse bajo el amparo de la Ley Federal del Trabajo, se reunieron en la explanada del Centro de Justicia Penal la mañana de ayer para exigir no solo el pago de la prestación de fin de año, sino para denunciar la falta de otros estímulos al salario como el “bono de riesgo” y denunciar que no ha sido aumentado el salario de los trabajadores de la PGJE desde hace años.

Entrevistada, una agente del ministerio público afirmó que el bono de vida cara era una prestación que había sido equiparada para los trabajadores de confianza desde hace 15 años, en el gobierno de Narciso Agúndez Montaño.

Mientras se manifestaban, llegó el Oficial Mayor de la PGJE, David Moyrón Quiroz, quien dijo que solo a partir del lunes recibirán noticias del pago.

 “Todo sudcaliforniano bien informado conoce la deplorable situación financiera en la que esta administración recibió del anterior gobierno que encabezó Carlos Mendoza Davis. Y sí ha sido complicado el tema, sin embargo, se les va dar alguna respuesta”, expresó.

Fue entonces que los trabajadores, ante la falta de seriedad, decidieron movilizarse a pie hasta la sede del Gobierno del Estado marchando por Agustín Olachea y luego por Isabel la Católica hasta las puertas del palacio de cantera.

Ahí fueron recibidos por Omar Zavala Agúndez, subsecretario de gobernación, quien les confirmó que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se encontraba fuera del estado. Un día antes, el mandatario participó en la instalación del Consejo Nacional de Seguridad al lado del presidente de la República.

Tras no recibir respuesta de una autoridad superior, los trabajadores llevaron su reclamo al edificio contiguo de la Secretaría de Finanzas donde los trabajadores cerraron las puertas para evitar la entrada del contingente e impidiendo a los usuarios de los servicios acceso para recibir atención.

Hacia la media tarde los trabajadores se fueron saliendo del lugar.

Fuentes dignas de confianza indican que las expresiones podrían continuar en tanto la Secretaría de Finanzas ya trabaja en revisar la viabilidad presupuestal para hacer efectivo el pago que originalmente había sido negado.