Rosario Robles Berlanga tendrá una audiencia decisiva esta tarde en el proceso que se le sigue por su vinculación en el delito de ejercicio indebido del servicio público por su omisión en el desvío de 5 mil 500 millones de pesos.

A las 15:00 horas está programada la audiencia ordenada por el juez tercero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, Augusto Octavio Mejía Ojeda, para que se modifique o emita una nueva medida cautelar, diferente a la prisión preventiva oficiosa que se le impuso desde el 13 de agosto de 2019 a la exfuncionaria.

La audiencia será encabezada por el Juez de Control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Sur, de la Ciudad de México, quien en octubre del presente año se negó a modificar la medida cautelar por prisión domiciliaria, como lo ordenó un Tribunal Colegiado Federal ante un amparo que se le otorgó a Robles Berlanga.

La extitular de la Sedesol y Sedatu se encuentra cumpliendo la prisión preventiva en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por lo que este jueves fue trasladada para llegar 45 minutos antes de la hora programada para entregar su certificado médico a la Policía Procesal del Centro de Justicia Federal.

La defensa de Robles Berlanga estará encabezada por Epigmenio Ibarra, y la audiencia será pública, por lo que se permitirá la entrada a representantes de medios de comunicación, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

El juez de Amparo, Mejía Ojeda, el martes 28 de diciembre, ordenó dejar sin efecto la sentencia del juez de control Villar Ceballos, para realizar una nueva audiencia y modificar la medida cautelar.

En su resolución, el juez Mejía también advirtió que en caso de no modificar o dictar una nueva resolución se solicitará separar de su cargo al juez Villar Ceballos y se turnará su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque el abogado Mendieta ha rechazado tener conocimiento de más acusaciones en contra de Robles Berlanga, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

El mandato fue otorgado por un Juez de Control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, y se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.