La Procuraduría de Perú denunció este viernes ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en adjudicación de obra vial en la Amazonía.

El Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó ante la Fiscal de la Nación un escrito en el cual denuncia al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias", indica un comunicado de la Procuraduría.

La denuncia se sustenta en las presuntas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López y el mandatario. Según Soria, estas se realizaron con el fin de que Castillo intercediera para que el consorcio Puente Tarata III ganase un concurso público para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la región amazónica de San Martín.

El consorcio que la empresaria representaba ganó la licitación con un contrato por unos 57.6 millones de dólares.

Las reuniones se realizaron en una vivienda en el distrito limeño de Breña, según informó un programa dominical.

Nosotros hemos tomado conocimiento de esta denuncia que se ha interpuesto. Vamos a apoyar las investigaciones, el presidente está dispuesto a apoyarlas. El presidente en cualquier momento va a dar las explicaciones", dijo la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez.

El procurador explicó en el comunicado una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente también se encuentra inmerso en la conducta de "tráfico de influencias" que se viene investigando en la fiscalía.

Soria solicita a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que una vez abierta la investigación no la suspenda.

El procurador sostiene que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción realizó esta mañana el allanamiento de las viviendas en Lima del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y López investigados por presunto delito de tráfico de influencias y colusión agravada en la licitación.

Castillo, en el poder desde el 28 de julio, derrotó en las presidenciales por estrecho margen a la derechista Keiko Fujimori, lo que levantó temores en parte de los peruanos de un giro brusco hacia el socialismo tras décadas de políticas liberales. Su mandato concluye en 2026.