San José del Cabo, Baja California Sur. Reveló el director municipal de Transporte, Omar Torres, que el presupuesto para el área durante estos primeros meses de gobierno y durante la administración pasada, fue insuficiente para las necesidades, por lo que para el año entrante se pedirán por lo menos 18 millones de pesos al municipio y 34 millones más de recurso federal para diferentes fines, desde vehículos oficiales hasta nueva tecnología. 

Explicó Torres que durante los últimos meses solo se les proporcionaron  10 mil pesos mensuales, refirió que durante administraciones pasadas el presupuesto era de 7 millones de pesos anuales, de los cuales 5 se iban al uso de suelos y los 2 restantes no eran "básicamente para nada".

"Estamos solicitando 18 millones en este próximo año de recurso de aquí del municipio que será utilizado para capacitar, para el uso de tecnología, para rehabilitación de oficinas, cámaras para inspección, máquinas para infraccionar y ver si alcanza para uno que otro vehículo oficial. Estamos bajando en el programa FORTAMUN, un recurso de 34 millones, estamos pidiendo el apoyo a los regidores para que sea dado ese recurso ya que llega directamente a la dirección de seguridad pública porque estamos adscritos a ella", señaló.

Explicó que, si se obtiene el recurso del FORTAMUN, 24 mdp se destinarán para la compra de vehículos oficiales, ya que solo se cuentan con 3, uno en San José del Cabo, uno en Cabo San Lucas y otro más en La Rivera; en tanto que, 10 mdp se usarán para un proyecto que incluye a las unidades de transporte colectivo y urbano.

"Tenemos un plan con los colectivos e urbanos de instalarles gps y este subirlo en una página o en una aplicación para la ciudadanía para que ellos puedan ver en tiempo real al camión y en cuanto tiempo va a llegar a la parada en donde estén esperando  y no estén  bajo el sol", dijo Torres.

Es importante mencionar que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) da prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras de localidades, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.