La Paz, Baja California Sur.- Con fecha 04 de noviembre, en la página de internet del Tribunal Superior de Justicia, Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en la liga https://www.tribunalbcs.gob.mx/noticias.php?n=270&id=270 aparece una publicación mediante la cual el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Poder judicial del Estado informa los resultados del concurso de oposición del personal que integrará los tribunales laborales en Baja California Sur (BCS), y da a conocer los nombres de los seleccionados, el cargo que ocuparán y la actividad que realizaban al momento de la inscripción. 

Se asignaron nueve plazas para el cargo de Juez(a) en materia laboral, y nueve plazas para el cargo de secretario(a) instructor en materia laboral, cargos y adscripciones que, a la fecha, no están previstos en la legislación estatal en vigor. 

Al llevar a cabo la convocatoria, selección y designación de servidores públicos, el indiciado, y quien o quienes resulten responsables, actuaron con plena ilicitud, pues de acuerdo al marco Constitucional estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, no existe en la legislación vigente, marco legal regulatorio que les faculte para llevar a cabo tal procedimiento, y mucho menos, para designar a persona alguna para ocupar cargos en el servicio público estatal, como servidores públicos a desempeñarse como jueces y/o secretarios(as) instructores, ambos cargos, en materia de justicia laboral, ejercicio público para el cual, a la fecha no existe marco legal normativo ni regulatorio en el Estado, y por ende el indiciado, y quien o quienes resulten responsables, actuaron con plena ilicitud, ya que no es legalmente admisible otorgar nombramientos o designaciones para cargos públicos que no estén debidamente previstos y consagrados en norma constitucionalmente válida y legalmente regulada, en normatividad aplicable, vigente con antelación a la convocatoria, selección y asignación del encargo. 

Por ello se advierte que hay una violación tanto a la norma constitucional como a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, pues el imputable y quien o quienes resulten responsables, carecen de facultades legales para convocar aspirantes, evaluarlos, seleccionarlos y designarlos para ocupar un cargo público que no esté legalmente establecido en el derecho positivo vigente en la entidad. 

El Código Penal para BCS en su numeral 271 establece que quien, teniendo la calidad de servidor público, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, a persona que no satisfaga los requisitos legales, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la UMA. 

La carpeta generada por la denuncia, se radica en la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos cometido por servidores públicos, bajo el consecutivo LPZ/7412/2021/NUC.