San José del Cabo, Baja California Sur. Luego de haberse manifestado ante las autoridades municipales y estatales, las monitoras educativas de Los Cabos lograron que se resolviera a su favor la petición de recibir el pago completo de su salario, por lo menos en lo que resta del año, cubriendo los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Lo anterior, se derivó del punto de acuerdo en el que se aprobó el presupuesto por la cantidad mensual global de $352,000 que representa un total de 102 personas para poder brindar el apoyo económico para estas trabajadoras, quienes se encargan de cuidar, atender y conducir a través de técnicas psicopedagógicas a un  grupo de niños y niñas que afrontan problemas en su desarrollo psicomotriz o padecen de alguna discapacidad. 

Es importante recordar que este apoyo económico, como se ha mencionado por las mismas monitoras, no es un pago suficiente para su labor y que, además, debiera ser absorbido por partes iguales entre el gobierno municipal y el gobierno de Baja California Sur. Sin embargo, con el argumento de los adeudos que dejaron gobernantes del periodo pasado en algunos municipios, los representantes del gobierno estatal expresaron a las tutoras que no habrá presupuesto, hasta "tal vez" enero.

Por su parte, Leticia Payen, monitora educativa, dijo después de estar presente en la Sala de juntas en donde se realizó la sesión de Cabildo, sentirse muy agradecida con los ediles y el presidente municipal por "tomar las riendas de la educación, que realmente sea inclusiva que no quede nada más en documentos, sino que cada autoridad tenga la responsabilidad de salir adelante... nos tenían tristes porque no estábamos cobrando en tiempo y forma y nada más era la mitad, esperemos que se trabaje en una certeza laboral que no nada más es para nosotros sino para los niños y para sus padres". 


De acuerdo con el documento, los recursos para el pago de más de 300 mil pesos mensuales, provendrán del ingreso que se obtenga por conceptos de multas por desacato al bando de policía y buen gobierno y del reglamento de tránsito. Cabe destacar que el gobierno local ya estaba comprometido a pagar la misma cantidad, por el convenio aprobado en una sesión anterior.

Finalmente, Lucía Sánchez, IV regidora hizo un atento llamado a la Secretaría de Educación Pública y a la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur, para trabajar por los derechos no solo de las monitoras, sino de los menores con discapacidades para que sigan aprendiendo sin importar su condición.