La Paz, Baja California Sur. Gilberto Piñeda Bañuelos, director del Centro de Investigaciones Sociales Sindicales y Laborales (CISSLaboral) y apoderado legal de las 96 trabajadoras despedidas, hace 19 años de HanJin, en octubre del 2002 entregó ante la Oficialía de Partes del Gobierno de Baja California Sur (BCS), el borrador del decreto de expropiación de los terrenos que las trabajadoras exigen por casi dos décadas de huelga y litigio laboral contra la empresa que las despidió injustificadamente y pisoteó sus derechos laborales hasta la fecha reciente.

El académico sudcaliforniano recordó que semanas atrás sostuvo una audiencia con el gobernador Víctor Castro Cosío a quien se planteó el grave problema que se dio luego de que los predios de Hanjin, de más de 7 mil metros  cuadrados que la Junta Especial 58 de Conciliación y Arbitraje, declaró embargadas en 2013 para proteger los derechos de las trabajadoras a pesar de lo cual la Dirección del Registro Público de la Propiedad de la administración anterior, en un acto indebido de cancelación de los embargos, quitó los derechos de los trabajadoras.

"Al plantear la expropiación, nos pidió el gobernador que elaboráramos un borrador de proyecto de decreto de expropiación por utilidad pública de los siete mil metros cuadrado y nos dijo que por convicción iba firmar el decreto independientemente de lo que pasara”, informó al presentar el documento ante los medios de comunicación con los sellos correspondientes.

 “Hoy entregamos en Oficialía de Partes del ejecutivo estatal y directamente el expediente a la Consejería Jurídica con el Lic. Fernando González, ese borrador de proyecto de decreto de Hanjin México SA de CV. Y para que pongan en su lugar no solamente a la compañía mexicana sino a la compañía extranjera y a su representante en México en Jin Mun Kin Park que fue quien hizo el acto indebido y asociación delictuosa con los propietarios privados que, ahora dueños, el empresario Félix Díaz y que después vende a una constructora del cual es accionista mayoritario”.

De esta manera, dijo se revertían dos décadas de vejaciones a los derechos laborales de 96 trabajadoras -6 de las cuales ya fallecieron sin ver justicia- de la planta calamarera afectadas por el despido injustificado que exigen salarios caídos y el pago de diversas prestaciones desde el momento del cierre de la planta coreano-mexicana en Santa Rosalía en el año de 2002.