La Paz, Baja California Sur. Que el estado de Baja California Sur (BCS) sea el estado donde mayor porcentaje de la población privada de su libertad carece de sentencia y permanece internada en los centros de readaptación social bajo la medida de prisión preventiva evidencia la falta de capacidad resolutiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) expresó sobre el tema el abogado penalista Castrejón García entrevistado por Diario El Independiente.

Según la última actualización del “cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional” que emite la Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la población privada de la libertad en prisión preventiva de diecinueve estados de la República representa entre el 30 y 50% y Baja California Sur (44.7%) como la que tiene mayor población interna bajo medidas cautelares solo después de Baja California, donde el porcentaje llega al (49%), mientras que el resto de la república muestra porcentajes mucho menores de este tipo de privados de la libertad sin sentencia (Diario El Independiente, 15 de noviembre 2021).

Para entender lo que significa esta tendencia, el abogado penalista Bethoven Castrejón García, radicado en este estado expresó que la estadística pone en evidencia que hay una gran cantidad de personas inocentes que enfrentan su proceso privados de la libertad y en franca violación de sus derechos.

“Nos damos cuenta que, por estadística, para poder quedar bien en las páginas oficiales de comunicación social se publica con bombo y platillo que se da privación de la libertad por medio de la prisión preventiva, lo aplauden cuando es una situación lamentable, porque en su mayoría todos estos casos de esta gente sujeta a la prisión preventiva salen libre a la postre no por el tribunal, y sus jueces, que a veces son comparsa de la procuraduría”.

Para el abogado, esta situación requiere de requisitos mínimos para poner a alguien en situación de privación de libertad. Mientras la defensoría de oficio tiene un margen limitado de acción, el grueso de la población en los centros de rehabilitación carece de recursos para pagar un abogado que les permita proceder al amparo para resolver la improcedencia de la medida cautelar.

Para el abogado, decir que se está procurando justicia solicitando medidas cautelares, “Lo que se está haciendo es llenar los centros de reinserción y readaptación con gente inocente para cumplir con una estadísticamente se le diga a la gente que se está procurando justicia con prontitud lo que es falso”.

El abogado lamentó que la medida cautelar de la prisión preventiva se permita en un país donde es imposible ofrecer otros mecanismos para enfrentar el proceso en detención domiciliaria, por ejemplo y provoca que la procuraduría y el sistema judicial se conviertan avoquen a un proceso que criminaliza a los mexicanos que no pueden pagar por el debido proceso.