La Paz, Baja California Sur. Las organizaciones colectivas feministas en la capital de Baja California Sur (BCS) instalaron un altar de muertas en la explanada del Centro de Justicia Penal donde presentaron los casos de feminicidio que no han sido resueltos por las autoridades locales.

Vestidas de catrinas y portando cruces rosas con los nombres de las víctimas, las integrantes de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en la entidad velaron a las más de 18 mujeres fallecidas entre 2018 y la fecha, algunas de las cuales, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reconoce como feminicidios y otras como casos de homicidio doloso.

Una a una, las presentes fueron leyendo los pormenores de cada caso: Aolanis, fallecida en enero del 2020 en Guerrero Negro, Mulegé, en condiciones violentas sin que, hasta el momento, las autoridades pudieran presentar ante la Ley a los culpables; la misma situación de Analuisa, encontrada con herida de arma punzocortante en la capital del estado en enero de este año y cuyo crimen no ha sido esclarecido hasta la fecha; lo mismo el caso de Monserrath, quien fue cuya muerte en Los Cabos en Febrero pasado provocó conmoción, pues formaba parte de los contingentes de manifestantes contra la violencia feminicidio en la entidad.

Las catrinas y la asistencia participaron de una sesión de micrófono abierto, hubo números musicales y lectura de poesía hasta bien entrada la noche, cuando se instalaron guardias y se dio una velación completa de las víctimas hasta la salida del sol.

Las colectivas leyeron al final de la velada el texto que hicieron llegar al procurador del estado, Daniel de la Rosa Anaya pidiendo información sobre los más de 19 casos de mujeres asesinadas en condiciones 2018 violentas que las colectivas consideran, deben ser reconocidos como feminicidios.

Es el documento que llevó a la autoridad a celebrar recientemente una conferencia de prensa en la que se informó sobre estos 19 casos y el nuevo caso de Nayeli, fallecida el 26 de octubre.

Las colectivas reiteraron llamados desoídos por la autoridad desde que fueron solicitados por escrito el 21 de julio pasado, como una base de datos en tiempo real de las carpetas de investigación, su estatus y clasificación en cuanto a delitos cometidos contra mujeres; el acceso a las carpetas de investigación para las familias víctimas de feminicidio; el reporte de las cifras reales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las correcciones pertinentes a los expedientes reclasificados para contar con información estadística confiable.