La Paz, Baja California Sur. Un cortometraje creado por sudcalifornianas recoge las historias de criminalización que viven las mujeres que por diferentes motivos deciden abortar en México, en particular en Baja California Sur.

Durante la pandemia por Covid-19 continuó la criminalización social hacia las mujeres* y personas (trans, intersexuales, no binaries, entre otras) con capacidad de gestar que decidieron interrumpir su embarazo, lo cual se refleja en mil 113 carpetas de investigación (enero 2020 – agosto 2021) por el supuesto delito de aborto en México, que es igual a 13 mujeres perseguidas semanalmente por ejercer su derecho a decidir sobre su sexualidad y su reproducción.

El trabajo llamado Yo decido con amor: acompañadas en el aborto, forma parte del programa Tech Camp México 2021, organizado por Chicas Poderosas MX y la Embajada de Estados Unidos en México, cuyo objetivo consistió en la formación de periodistas para la creación de 10 proyectos que se enmarcan dentro del periodismo audiovisual, conformado por 10 duplas de mujeres de 8 entidades de la República Mexicana en un lapso de 5 meses.

De acuerdo con la descripción del documental, el trabajo audiovisual busca “abonar a la desestigmatización social del aborto, mostrando cómo a pesar de los obstáculos hay un gran número de mujeres sudcalifornianas que han tenido experiencias positivas y es necesario difundir sus voces para contrarrestar las narrativas negativas”.

En Baja California Sur el aborto es legal sólo cuando el embarazo es producto de una violación o inseminación artificial no consentida, cuando la mujer corra peligro de muerte o de afectación grave a su salud, cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas graves y cuando es resultado de una conducta imprudente. El resto de los abortos, como el voluntario, son considerados delitos.

En el cortometraje se documenta que durante la pandemia el Gobierno de Baja California Sur, a través de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), ha perseguido a 18 personas por este delito, al mismo tiempo que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ha sido más restrictiva en la vigilancia de la venta del medicamento que se utiliza para abortar.

Resultado de este contexto criminalizador, existe en Baja California Sur el documental que sigue el trabajo de redes de acompañantes que se dedican a apoyar a las mujeres que toman la decisión de abortar de manera voluntaria ofreciendo información y acompañamiento para que puedan vivirlo como un derecho y una experiencia válida, en condiciones de seguridad, libertad y sororidad.