La Paz, Baja California Sur.- La diputada Eufrosina López alzó la voz para denunciar la discriminación y explotación laboral que viven indígenas y afromexicanos en los campos agrícolas de Baja California Sur (BCS).

A través de un pronunciamiento que presentó en el marco de la sesión pública ordinaria de este martes, la representante de la comunidad indígena en el Congreso del Estado afirmó que

Mencionó que en la entidad,  de una población total de 798 mil, 447, se cuenta con una población indígena de 103 mil 36 personas, y 5 mil entran y salen al estado por motivos de trabajo.

Recalcó que hablar de la población indígena en Baja California Sur antes de la reforma constitucional del año 2011 era hablar de extraños, era referirse a    personas que no estaban en su tierra y de las cuales el gobierno no se hacía responsable, si se trataba de desnutrición infantil, analfabetismo, problemáticas de salud, violencia intrafamiliar, violaciones, abuso sexual, discriminación, marginación y  explotación laboral en los campos agrícolas no se reconocía como problema del estado y de nadie.

Expuso que a partir de las reformas de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, en 1990 y 2001 y la obligada armonización de las constituciones de los estados se comenzó a sembrar una nueva visión sobre no solo reconocer los derechos individuales y colectivos de los indígenas que habitamos esta media península.

No obstante, recalcó que se violenta la Ley Laboral y los derechos humanos de los indígenas que laboran en campos agrícolas ubicados en el valle de Vizcaíno, Pescadero, Los Planes, Comondú y Mulegé, al vivir en condiciones inhumanas, percibir salarios muy bajos y sin prestaciones.

“Es increíble que en pleno siglo 21, los jornaleros agrícolas sigan sufriendo los mismos abusos y violaciones a sus derechos humanos como si no fuera obligación del estado a través de  los diferentes órganos velar por ellos”, externó.

En este contexto, recalcó que es necesario que se fortalezca el marco jurídico para protegerlos; que el gobierno del Estado brinde espacios de atención a estos hermanos y se sancione a los infractores de la Ley.