La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur (BCS), Víctor Manuel Castro Cosío afirmó que en su administración no habrá ni chivos expiatorios ni venganza contra funcionarios de la pasada administración.

Luego de dar a conocer algunos excesos o irregularidades de la administración de Carlos Mendoza Davis, el mandatario estatal fue cuestionado sobre si se procederá legalmente, sobre todo cuando es algo que suele darse en las transiciones de gobierno, diferente al partido que llega al poder.

El ejecutivo estatal recalcó que serán las auditorías las que determinen si hay delitos que perseguir por irregularidades o excesos del anterior gobierno.

Señaló que se investigará lo que se deba, pero no buscará chivos expiatorios ni expondrá a nadie sin fundamentos.

Recalcó que no está en su ánimo la venganza y que él lo que quiere es trabajar por el bien de los sudcalifornianos y en este contexto anticipó que en breve presentará los diferentes programas de gobierno que implementará para la reactivación de los diferentes sectores económicos y sociales.

• Podría someterse a consulta el uso de casa de gobierno "El Caimancito"

Por otro lado, Castro Cosío habló de la antigua casa de gobierno, donde habitaban quienes gobernaban la entidad, y no descartó que en su administración se le dé otro uso y de considerarse, se someterá a consulta pública.

Tambien aclaró que no se tiene la intención de vender el inmueble conocido como “El Caimancito”, y mencionó que la propuesta de darle un uso social se podría analizar, pero aclaró que será la ciudadanía la que decida.

Sostuvo que se tendría que analizar muy a fondo que destino se le dará a la casa de gobierno y si se vende ver que se destinen los recursos al sector salud o educativo.

Recordó que en el tiempo de Leonel Cota se quiso hacer un acuario, se invirtió y se perdió dinero y la administración de Carlos Mendoza hizo una gran inversión en la remodelación, y de hecho se está cuantificando.

Mencionó que cuenta con 8 habitaciones de lujo, y recalcó que fue un exceso, además de cuestionar si realmente vale la pena sostener un lugar de privilegios para unos cuántos.

Sobre que ese uso es para atender a funcionarios que visitan la entidad, expresó que deben de pagar su hospedaje, pues no tiene por qué pagarlo el pueblo