Ciudad de México.- El Senado aprobó sancionar, hasta con 20 años de inhabilitación y la devolución del daño patrimonial causado, a los funcionarios estatales y federales que no reporten las cuotas del ISSSTE que descuentan a los trabajadores.

Con la reforma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ahora considera como falta grave, o en términos llanos, un acto de corrupción, la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante dicho instituto.

Con 86 votos en favor y tres asbtenciones, el pleno del Senado avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados para incluir en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que “es falta administrativa grave la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.

Incluye también un cambio a la ley del ISSSTE para establecer que “la omisión de enterar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores constituye una falta administrativa grave, la cual será sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, dice el Decreto que fue enviado al Ejecutivo federal.

Esta Ley General precisa que las faltas administrativas graves, que implican en términos llanos actos de corrupción, serán atentidos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el servidor público será sancionado con inhabilitación y la obligación de regresar el dinero.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación”, dice el artículo 78 de la ley que sanciona los actos de corrupción de los servidores públicos.

Y en el artículo 79 dice que “el Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables”.

Desde la tribuna, Gricelda Valencia, presidenta de la Comisión de Seguridad Social del Senado, dijo que “existe la necesidad de aplicar sanciones conforme al marco legal vigente en la materia, a efecto de prevenir y sancionar esta conducta de omisión que no sólo afecta a las personas trabajadoras al servicio del Estado, sino que también le impide al propio instituto contar con los recursos necesarios para brindar los servicios y prestaciones a su cargo”.

Genera un severo perjuicio para los trabajadores, en virtud de que presentan restricciones para acceder a préstamos o créditos aunado a que también presentan problemas y obstáculos en la realización de trámites administrativos”, añadió. El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, ha informado que los estados deben 64 mil millones de pesos de cuotas que han descontado a los trabajadores, pero no entregan al instituto. El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación. Endurecen castigo Algunos aspectos que se consideran en la ley que ayer reformó el Senado. Las faltas graves serán atendidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La inhabilitación será de hasta 10 años si la afectación no excede de 200 veces la UMA. Si no hay daños o lucro alguno, la suspensión será de entre tres meses a un año. De afectarse la hacienda pública federal o local, el funcionario deberá reparar el daño. La reforma Se adiciona un artículo 64 Ter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas: Es falta administrativa grave, la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  PAN alerta que se busca devolver remanente de fondo catastrófico La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados alertó que en la Ley de Ingresos 2022 se incluye un artículo transitorio con el que se pretende que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) transfiera a la Tesorería de la Federación el remanente del Fondo de Salud previsto para financiar gastos catastróficos. En conferencia de prensa, el diputado Ector Jaime Ramírez advirtió que en la propuesta de Hacienda se pretende, de nueva cuenta, efectuar “el saqueo” del patrimonio que garantiza la atención de las enfermedades graves y costosas para la población sin seguridad social, como cánceres infantiles y cáncer de mama. Confió en que, con el respaldo de los demás grupos parlamentarios, podrá inhibirse este riesgo que, de concretarse, “provocaría la ruina financiera” de un fondo indispensable para los hogares más pobres del país.   Los recursos acumulados en el Fondo de Salud para el Bienestar, $66 mil millones, se han convertido en el botín que el gobierno federal quiere usar para gastar a su antojo, sin importar que sean las reservas acumuladas para enfrentar las enfermedades que empobrecen a las familias mexicanas”, expuso el legislador. El diputado Barba citó al colectivo Cero Desabasto, al enfatizar que “no es viable pretender atender a más personas y a la par quitar parte de los recursos al fondo para financiar las enfermedades de alto costo”. Planteó que Hacienda debe explicar cuánto dinero le van a quitar a este fondo. Queremos saber si de plano piensan usar la totalidad de la reserva y liquidarlo, como ya hicieron con cientos de fideicomisos, como el Fonden, el año pasado”, planteó.