La Paz, Baja California Sur. La diputada Gabriela Cisneros Ruiz se pronunció porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Estado respete la decisión de los padres de familia de enviar o no a sus hijos a clases presenciales.

            A través de un pronunciamiento que presentó ayer en la sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora de la fracción del PRI afirmó que no debe de haber regateos y la autoridad debe de garantizar las dos opciones: clases presenciales y clases virtuales y/o a distancia.

            También pidió que se mejoren las condiciones de las escuelas que fueron vandalizadas y se atienda el derecho de los docentes, para que se garantice un retorno seguro para ellos y los estudiantes.

            Así mismo, pidió a la asamblea legislativa estar atentos al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad educativa.

            Señaló que hoy la educación en México y en Baja California Sur, al igual que en el resto del mundo, se encuentra frente a una nueva realidad, esta vez provocada por una pandemia mundial que, sin distingos de ninguna clase, está afectando a millones de personas y provocando millones de fallecimientos y, la cual, parece no tener fin.

            Señaló que en Baja California Sur se han contagiado más de 53 mil 691 personas, de las cuales 2 mil 375 han fallecido.

            Destacó: “En este entorno sanitario, uno de los sectores más vulnerables lo representan los menores y jóvenes en edad escolar. Es este grupo etario que en días pasados, aquí en el Estado, se vio envuelto en la polémica o debate educativo de manera directa. El debate se centró en el todavía controversial regreso a clases presenciales. Y la colisión no se hizo esperar, colisión de posturas en la forma, colisión de derechos en el fondo”.

Recordó que al inicio hubo un choque entre la determinación de la autoridad educativa para las clases presenciales obligatorias y la preferencia de los padres de familia en clases virtuales o a distancia.

            “En el fondo, la pretensión de llevar a colisionar dos derechos humanos que protegen a este grupo de menores, el derecho a la salud y el derecho a la educación, que planteados erróneamente por la autoridad en el contexto actual de la pandemia, hicieron caer en confusión y provocaron el enojo de las madres y padres de familia del Estado con menores en edad escolar”, consideró.

            Apuntó que son muchas las razones que inspiran el regreso a clases presenciales: que se reactivará la mermada economía nacional y que los menores de edad no se ven afectados gravemente por la enfermedad.

            “¿Entonces cómo explicarles esto a los más de 758 padres de familia mexicanos, entre ellos algunos sudcalifornianos, que han perdido a su hija o hijo menor de edad por culpa de este virus? ¿Cómo decirles en medio de su dolor lo que revelan los estudios científicos, de que no los enferma gravemente?”, cuestionó.

            Añadió que esta afirmación rueda por los suelos rápidamente, pues hay menores de edad muertos por el virus. A nivel nacional son 758 reconocidos oficialmente, hasta el 30 de agosto pasado.

            Expuso que la más fundamentada de las razones señala que el confinamiento ha ocasionado en este sector problemas de estrés por la falta de socialización y que se han recrudecido la violencia intrafamiliar y la violencia en distintas manifestaciones: que ya existían antes de la pandemia, hay que decirlo.

            Dijo que en este debate, la mayoría de las madres y padres de familia en el Estado con hijas o hijos en nivel escolar han optado por las clases virtuales o a distancia, porque primero es la salud de los menores.

            En este contexto, consideró que la autoridad educativa estatal está obligada en las actuales circunstancias a observar y cumplir con el bloque de legalidad que protege a los menores de edad en materia de salud y educación, junto con otros derechos humanos de primer orden y que se encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito en favor de este grupo etario.