La Paz, Baja California Sur. En una actualización del juicio de las trabajadoras calamareras contra la empresa Hanjin Trading, que lleva más de 20 años, los representantes legales de las trabajadoras informaron sobre nuevos actos ilegales tendientes a la compraventa de los terrenos embargados por la autoridad laboral, a través de un ejercicio indebido de las funciones del director del Registro Público de la Propiedad de Mulegé.

En conferencia de prensa, el profesor Gilberto Piñeda Bañuelos, director del Cisslaboral, y el abogado laborista Iván Castro Beltrán, hicieron del conocimiento de la opinión pública lo que denominaron “una nueva vejación orquestada” contra las trabajadoras que iniciaron un litigio por su despido injustificado hace dos décadas.

“El director del registro público decreta el final del embargo. Se suplantó en sus atribuciones y canceló el embargo. Es un uso indebido de sus funciones”, expresó Castro Beltrán. “Están haciendo actos tendientes a la venta, a dilapidar los bienes de la empresa, para que ellas no puedan garantizar sus derechos. Dieron aviso y solicitamos el secuestro de bienes en 2014, cuando la Junta [Local de Conciliación y Arbitraje] decretó a favor de las trabajadoras esas medidas”.

A través de ese recurso, el abogado de las trabajadoras en huelga logró el embargo de dos predios en zona marítimo-terrestre de la capital de Mulegé. Se trata, informó del registro 380 y 381 de Santa Rosalía, los embargos que generan una inscripción registral ante el Registro Público de la Propiedad: “lo que implica esta inscripción es una limitación de dominio, una limitación al derecho de propiedad, en este caso de la empresa Hanjin, por lo que no pueden vender ni trasladar los bienes, porque se encuentran garantizando los derechos de las compañeras en el juicio laboral”.

Sin una autoridad laboral, la empresa solicitó directamente al Registro Público de la Propiedad la cancelación del embargo: “ellos solicitaron que se hiciera esa cancelación de la inscripción, ellos tenían pleno conocimiento, son abogados, no pueden alegar ignorancia, y de manera ventajosa […], violando sus atribuciones”, dijo el abogado, quien responsabilizó al director del Registro Público de la Propiedad de Mulegé de alejarse de la legalidad y decretar el final de un embargo, lo que es atribución exclusivamente de la autoridad laboral.

“Eso es un delito, es un ejercicio indebido de las atribuciones […] No sólo lo cancelaron, los liberaron, y en esa ventanita que generaron hacen la venta del predio y venden esos predios que estaban garantizando el derecho de las trabajadoras”, dijo Castro Beltrán, por lo que estimó que se hizo una simulación de actos jurídicos al mentirle al comprador del predio.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje fue enterada de estos actos el 31 de agosto. En el ámbito de sus atribuciones, ésta deberá realizar acciones para proteger los derechos de las trabajadoras.

Finalmente, Piñeda Bañuelos y Castro Beltrán afirmaron que, en representación de las trabajadoras, iniciarán un procedimiento ante la Contraloría del Estado para que se persiga el uso indebido de la función pública, así como interpondrán una demanda civil para revertir la venta del patrimonio de las trabajadoras.