La Paz, Baja California Sur.- Como parte del programa implementado por el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, donde el objetivo es darle libertad a presos como adultos mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentren en fase terminal, adultos mayores de 70 años, víctimas de tortura con Protocolo de Estambul, indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, además de personas que llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia, en Baja California Sur (BCS) se otorgará preliberación a 10 reos que previo a un análisis  entre las autoridades federales y estatales reúnen los requisitos ya descritos para obtener su libertad.

A nivel nacional se hará efectivo el otorgamiento de este beneficios a 681 personas internas  a partir del 15 de septiembre, dentro de las que se encuentran 10 personas privadas de la libertad en Baja California Sur, en Baja California, 63; Chiapas, 198, Ciudad de México, 40; Colima, 13; Durango, 100; Nayarit, 30; Oaxaca, 48; San Luis Potosí, 7; Sinaloa, 15; Tabasco, 12; Tlaxcala, 2; Veracruz, 50; y Zacatecas, 57, así como 36 de penales federales.

Adán Augusto López Hernández, señaló que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (PyRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 4 mil 233 expedientes en el ámbito federal sujetos de análisis para recibir este beneficio, por ello se ha solicitado a los gobiernos estatales que, desde el ámbito de sus atribuciones y facultades, busquen rutas legales para preliberaciones, modificación de medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal.

El Secretario General abundó que se realizan las gestiones con las y los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la FGR, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en ley.

FInalmente, dio a conocer que, a julio de este año, la población privada de la libertad en el país era de 220 mil 866 personas, de las cuales 16 mil 464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor de 7.4 por ciento del total. En tanto, que el resto se ubica penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común.