La Paz, Baja California Sur. El Congreso del Estado investigará millonarias liquidaciones de exfuncionarios y se fiscalizarán los 3 años de la anterior legislatura. Durante la sesión pública ordinaria celebrada este jueves, a nombre de la fracción del Partido del Trabajo (PT), el diputado Luis Armando Díaz presentó un punto de acuerdo para que se inicie una auditoría, tras hacer referencia a la información difundida sobre cheques con sumas importantes de recursos que se pagaron a algunos funcionarios de la legislatura pasada.

Luis Armando Díaz recalcó: “es nuestra obligación saber si esos recursos fueron entregados o no de forma legal. Para ello, proponemos que se fiscalice las áreas del Poder Legislativo para verificar que se hayan cumplido, en su caso, con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, comodatos, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Poder Legislativo”.

Al someterse a discusión, fue el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien sugirió que se diera a través de este órgano dicho procedimiento y, tras la pasarela de algunos legisladores a la máxima tribuna para emitir su opinión, finalmente se dieron algunos cambios.

Se acordó que la contraloría interna realizará la investigación, a la par de lo que a la Junta de Gobierno le corresponde, pero además se contratará un despacho externo para revisar los recursos ejercidos en la XV Legislatura.

El diputado Rigoberto Mares, coordinador de la fracción del PAN, señaló que ya en la junta se había acordado que se hiciera una auditoría externa a más tardar 15 días después de la entrega recepción. Subrayó que se requiere aclarar los excesos en los que cayó la anterior legislatura y que se esclarezca quién autorizó la contratación masiva, en qué se gastaron 8 millones de pesos faltantes y los 20 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de un edificio del Poder Legislativo.