La Paz, Baja California Sur. El grupo de cuatro diputados que suplió a los integrantes de la XV Legislatura que concluyó esta semana, conduce un proceso laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur (BCS). Al parecer buscan la vía de la conciliación para recuperar el salario devengado en el breve periodo que intentaron sustituir a los titulares durante un conflicto que la pasada legislatura dirimió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se trata de los diputados Sebastián Quintino Perea, quien suplió a Rigoberto Murillo Aguilar; Alba Josefina Ceseña González, que suplió a Lorenia Lineth Montaño Ruiz; Alma Ildefonso Payen Solís, que sustituyó a la perredista Maricela Pineda García; y Amalia Camacho Álvarez, quien suplió a la diputada Elizabeth Rocha Torres, cuando fueron llamados a realizar sus funciones el 29 de marzo del 2020 y se les tomó protesta el 23 de agosto del mismo año.

El 22 de septiembre de ese año los cuatro diputados condujeron una conferencia de prensa donde se dijeron afectados por las decisiones del Congreso del Estado de restituir a los titulares en cada una de las curules. El 29 de septiembre de aquel año, Amalia Camacho anunció su renuncia al partido donde había militado 20 años y confirmó que se sumaba al proyecto de transformación que impulsa el partido Morena.

Ahora se sabe que, a través del expediente 13/2021M-IV, Camacho Álvarez y sus otrora compañeros de bancada presentaron una demanda en contra del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur ante el citado tribunal por servicios legislativos prestados durante cinco meses.

“Los trabajadores que estuvimos nos corresponde un apoyo económico. Esto es un derecho laboral, no es nada de controversia, ni conflicto, ni nada por el estilo”, expresó la exdiputada Camacho, mientras solicita una audiencia conciliatoria ante las autoridades laborales de los poderes del Estado.

La quejosa informó a Diario El Independiente que la audiencia fue diferida por “no haber un acuerdo entre las partes”, ya que el Congreso del Estado se encuentra en un proceso de transición. La también extitular de la delegación de la Secretaría del Trabajo dijo que “como trabajadores tienen un derecho económico y afirmó que no se trata de ningún tema político”.