San José del Cabo, Baja California Sur. Desde la tribuna del Congreso del Estado, en sesión ordinaria, se revivió el polémico tema del tramo carretero en el corredor turístico de Los Cabos, desde la zona que comprende el hotel Westin Regina-Puente “El Tule”, ya que el diputado por el VII Distrito, de Los Cabos, del Partido del Trabajo (PT), Luis Armando Díaz, presentó un punto de acuerdo que fue votado a favor para pedir un informe del estado de las obras del “Proyecto Conceptual para la Modernización del Tramo carretero del Hotel Westin Regina - Puente ‘El Tule’”, esto porque desde hace 3 años, en junio del 2018, concluyó el periodo de 30 meses naturales que se le concedió a la  empresa Golfo de California, Hoteles y Fraccionamiento, S.A. de C.V. para realizar dicha obra en el kilómetro 16.5 de la carretera transpeninsular, sin que a la fecha se conozca el estado actual.

Fue en diciembre del 2015, en medio de una sesión de Cabildo del XII Ayuntamiento de Los Cabos, encabezada por el panista Arturo De la Rosa, que se autorizó la actualización del tramo, en una sesión que terminó de forma violenta, ya que ciudadanos opositores al proyecto gritaron consignas e incluso aventaron objetos a los regidores que votaron a favor.

El pasado 15 de septiembre el actual síndico municipal, quien deja el cargo en menos de una semana, Mario Alejandro Fernández Briseño, negó que las declaraciones del director de Desarrollo Urbano, Víctor Hugo Green Palacios, a Diario El Independiente, sobre los permisos de la obra y un supuesto avance del 90 por ciento, fueran ciertos. Incluso, Fernández Briseño exigió a la dependencia brindar una explicación, asegurando que no tienen vigentes los permisos.

Todo lo anterior motivó al diputado petista Luis Armando Díaz a exigir una explicación a través del Congreso del Estado.

“El pueblo sudcaliforniano nos concedió un voto de confianza firme y concreto, por ello es importante señalar que, adicional a esto, consideramos se violenta el Plan de Desarrollo Urbano, se violenta también la voluntad de los cabeños y cabeñas, porque no existe un manejo transparente de los recursos públicos y el respeto al orden jurídico, y me refiero a que la carretera transpeninsular es patrimonio de los sudcalifornianos, por ende de los cabeños, es un recurso propiedad de todos. Por ello creo que hacerlo de esta manera rompe con el compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes locales y federales”, dijo el diputado petista, añadiendo que la revisión del tramo carretero que solicita es siempre a favor del desarrollo de Los Cabos, pero en contra de que dicho desarrollo se lleve a cabo por medio de prácticas no claras.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones, el diputado cabeño Christian Agúndez Gómez, fue mucho más crítico en la petición de revisión, ya que teme que se pretenda privatizar dicho tramo, como lo han manifestado desde diciembre del 2015 los cabeños.

“Consideramos que trasciende y lesiona la voluntad del pueblo de Los Cabos, así lo manifestaron desde ese primer día en que se tuvo conocimiento de esa maniobra tan vil y escondidas de los ciudadanos que realizaron en su momento el presidente municipal y sus cómplices dentro del cabildo, regalando prácticamente parte de este tramo carretero a un grupo de empresarios y aprovechándose de sus alcances en el gobierno municipal en esta decimosegunda administración. Es clara la corrupción con la que actuó el gobierno municipal en turno, pasando por alto trámites, ya que en ningún momento se presentó un proyecto ejecutivo que diera certeza a la obra”, llamando corruptos al cabildo del XII Ayuntamiento de Los Cabos, en su mayoría panista.

Agúndez Gómez recordó que sólo se han presentado planes y proyectos conceptuales, así como tampoco se ha consultado públicamente a la ciudadanía, la cual es afectada porque no se respeta el Plan de Desarrollo Urbano (PDU). Añadió que el cabildo de la XIII Administración, de la que fue regidor, exhortó a que el tema fuera revisado minuciosamente y se busque la revocación del acuerdo de Cabildo, del 9 de diciembre del 2015; de este modo evitar una posible privatización del tramo carretero.

El punto de acuerdo presentado en el Congreso del Estado la tarde de ayer martes fue turnado a la comisión de Infraestructura para su procedimiento administrativo.