San José del Cabo, Baja California Sur. Ha transcurrido una semana desde que se cumplió el plazo para la implementación de la nueva ley que elimina la subcontratación, mejor conocida como outsourcing, la cual opera de parte de las empresas con la inscripción al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).

A nivel nacional agrupaciones empresariales como la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguran que cerca de 35 mil empresas están en riesgo de recibir sanciones por no estar dadas de altas ante el Repse, siendo los negocios medianos y pequeños, en sectores como construcción, promotores de ventas y comercios los que pueden resultar más afectados.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Los Cabos, Gustavo Rubio Castro, explicó que ha sido muy difícil dar cumplimiento a la nueva ley, sobre todo considerando que no les está dando el gobierno federal las herramientas para hacer el cambio de forma correcta.

“De que hay que hacerlo, hay que hacerlo: mientras no se modifique la ley. Tenemos muchos compañeros que utilizaban el outsourcing […], ahora ya no se puede hacer”, explicó el representante del comercio en Los Cabos, lamentando que la ley no aplique igual para todos, haciendo énfasis en que el sector gobierno continuará al menos hasta enero del 2022 laborando con personal bajo subcontratación, ya que al sector público sí les ampliaron el plazo para inscribirse al Repse.

Rubio Castro pidió al gobierno federal que no olvide que el sector empresarial de la iniciativa privada es muy importante para el país, por lo cual no deben dejarlo en el olvido, ya que también tienen necesidad de apoyos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, después de la entrada en vigor de la reforma en materia de outsourcing, a nivel nacional se ha registrado una migración de 2 millones 745 mil trabajadores de esquemas de subcontratación a tener un patrón real.