CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que 11 estados ya tienen la figura de revocación de mandato en sus constituciones locales, ninguno de ellos la ha aplicado debido a que debe pasar a través del Congreso local, la tienen prevista para después del 2022, cuando llegue un nuevo gobernante, o prácticamente es letra muerta.

Sinaloa tiene previsto en su Constitución la revocación desde 2001, pero nunca se ha aplicado, lo mismo que Morelos y Guerrero, que desde hace algunos años ya contemplan esta figura, la cual nunca se ha hecho realidad.

Aguascalientes la tiene prevista desde 2018, cuando se definió que quienes son susceptibles a este mecanismo son el gobernador con el 10% del padrón electoral del Estado, diputado locales y presidentes municipales.

Para que la consulta de revocación de mandato surta efectos vinculatorios, se requerirá una votación superior al número de sufragios emitidos en la elección de origen. 

En Jalisco se avaló para gobernador, diputados, presidentes municipales, regidores y síndico y ya podría aplicar para el actual gobernador, Enrique  Alfaro.

Para ello sólo se requerirá el 5% de la participación del listado nominal.

Según el exdiputado priista Héctor Humberto Gutiérrez De la Garza hay que hacer una clara diferenciación entre la revocación de mandato a nivel federal y la local; lo que aprobó el Congreso de la Unión en 2019 sólo tiene que ver con el Ejecutivo federal, pero esto no aplica para los estados porque se trata de una ley reglamentaria federal, no de una ley general.

Sin embargo, asesores del PRD en San Lázaro aseguran que las entidades sí están obligadas a avalar una ley local, algo que muy pocas han hecho.

Así las cosas, en los últimos meses en algunos estados se han dado a la tarea de crear sus propias leyes para la revocación de mandato, pero las mismas están atoradas en los Congresos o aplicarían en fecha distinta a la del Ejecutivo federal, la cual se tiene prevista el próximo año.

El Congreso de Yucatán la avaló el 26 de marzo del 2019; es aplicable para los presidentes municipales, regidores, síndicos y diputados a partir del 1 de septiembre de 2021. Para el gobernador del estado, el decreto será aplicable a partir del 1 de octubre del 2024, por lo que para Mauricio Vila Dosal, actual mandatario de la entidad, no se le aplica.

Otros estados

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad el pasado 25 de mayo del presente año el dictamen con reformas a la Constitución política local en materia de revocación de mandato, que busca que si un gobernante no está dando resultados se pueda retirar del cargo.

El plazo para solicitar la revocación de mandato es dentro de los tres meses siguientes al término del tercer año de gobierno, mediante votación libre, directa y secreta.

La primera ocasión en que se podría solicitar sería entre el 1 de septiembre y 30 de noviembre del 2025 y deben solicitarla mínimo el 10% de la lista nominal, distribuidos en cuando menos 20 municipios.

En julio de 2020, en Hidalgo el Congreso del estado aprobó por unanimidad modificaciones a la constitución política estatal para contemplar la revocación de mandato de gobernador, así como la inclusión de la figura de consulta popular.

La posibilidad de revocación de mandato se incluyó en el artículo 70 Bis de la constitución estatal, según el cual “en el estado el mandato de gobernador podrá ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución y la legislación secundaria que habrá de emitirse”.

La solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al 10% de la lista nominal”, señala.

Para ser vinculante se requiere que la participación corresponda como mínimo al 40% de la citada lista y la votación sea por mayoría absoluta.

Dicha figura no aplicará para el actual gobernador, sino al que inicia su mandato en 2022, cuando en la entidad se renueve el Ejecutivo.

En Querétaro, se aprobó una reforma al artículo 20 de la Constitución local para contemplar la figura de revocación de mandato para el titular del poder Ejecutivo.

No obstante, esta determinación será aplicable hasta la próxima administración estatal que encabezará el panista Mauricio Kuri González, pues se tiene pendiente establecer los lineamientos de la normativa.

El 17 de diciembre del 2019, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas para dar paso a la ley de revocación de mandato y consulta popular, la cual se aplicará en las elecciones del 2024.

LETRA MUERTA

Según el Instituto de Investigaciones de Estudios Legislativos, otros estados que cuentan con la figura de revocación de mandato son Baja California, Oaxaca y Zacatecas.

En Baja California, se contempla como un derecho de los habitantes en su ar-
tículo 8, sin embargo, existe un capítulo para establecer el mecanismo y éste se da mediante el juicio político a través del Congreso local.

Se contempla en la Constitución de Oaxaca como obligación y prerrogativa de los ciudadanos del estado. Es uno de los mecanismos de participación ciudadana, la ley regulará la forma y términos en que se realice.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es el encargado de declarar la procedencia de la consulta de revocación de mandato.

En Zacatecas, el artículo 14 de su Constitución asevera que los ciudadanos pueden participar en los procesos de referéndum, de plebiscito, de iniciativa popular y de revocación del mandato a que se convoque en los términos de esta Constitución y sus leyes reglamentarias.

En Veracruz, el Poder Legislativo recientemente recibió la propuesta de los diputados de la bancada de Morena para la revocación de mandato, en la que excluyen al actual titular del poder Ejecutivo y disponen que entrará en vigor con el próximo gobernante que llegará a partir de 2024, pero no se ha avalado.

Nuevo León no ha podido concretar la revocación de mandato, pero podría discutirse en un periodo extraordinario siempre y cuando hubiera consenso.

La revocación de mandato en el estado de Tamaulipas quedó en la congeladora sin que hasta el momento toquen el tema.

Guanajuato fue de los estados que discutió el tema de revocación de mandato a nivel federal y lo rechazó, además que por el momento no contempla una norma para el nivel local.